Tomado de: Contrapunto
MIÉRCOLES, 02 JUNIO 2010
Por Julián Salinas (*)
SAN JOSÉ - De la política fiscal pareciera que hay poco que decir, la mayoría de las veces se presenta como un proceso meramente técnico basado en gastos e ingresos, una perspectiva básicamente contable en cuya discusión pocas veces se introduce la ética como criterio orientador. Esta discusión posee una vigencia relevante al considerar que las instituciones salvadoreñas disponen, al ser una economía dolarizada, de muy pocas herramientas para la política económica centrada básicamente en la política fiscal; por lo tanto si el actual gobierno pretende desarrollar con eficacia los planteamientos programáticos de su gestión debe fortalecer los pocos instrumentos que le permitan disponer del financiamiento para su concreción.
Respecto a la política de ingresos, apelaré en esta discusión dos principios que la teoría económica proporciona el primero es el de la capacidad de pago que valga mencionar está inspirado en el pensamiento de Adam Smith sobre la justicia, donde quienes posean mayor riqueza deben pagar la mayor parte del impuesto y el segundo principio consiste en la uniformidad que consiste en que el impuesto debe gravar a todos por igual sin considerar el ingreso.
Los organismos financieros multilaterales se han quedado en el principio de uniformidad ausente de toda ética y justicia tributaria partiendo de la idea de la igualdad vista como una tributación para todos los sectores sin distinción de la capacidad de pago; porque los impuestos sobre ganancias desincentivan la inversión y afecta el crecimiento y el empleo. Estos planteamientos tienen una posición clara y orientada hacia favorecer la iniciativa privada, tomándose los objetivos sociales como un carácter accesorio.
En estimaciones recientes encontré que el consumo de los capitalista en El Salvador es del 50% del PIB para el año 2007; de manera que existe un elevado despilfarro frente a problemas sociales bastante evidentes y es aquí donde la ética nos demanda un repensar de la política económica que ha estado cargada de un dogma infundido por los anteriores gobiernos, donde las ganancias no se pueden tocar. Las tasas de crecimiento de la inversión más elevadas se muestran para los primeros años de la década del 90; donde aún no se había implementado el IVA y existía una estructura tributaria más progresiva.
Acá lo importante es tener en cuenta que el estado juega en esta etapa un papel fundamental y debe fortalecerse; eso en resumidas cuentas beneficia no solo a los sectores sociales desfavorecidos sino que además a los mismos empresarios mediante mayores compras del estado, mayor inversión, mayor capacidad adquisitiva de las personas; tomando en cuenta que mediante el gasto se incentiva la demanda y por tanto la producción.
El primer esfuerzo de reforma tributaria del gobierno es muy pertinente y debe considerarse como una primera etapa; donde resaltan desafíos por mejorar la eficiencia en la recaudación fiscal, el control de la evasión y la elusión fiscal que representan ingresos no percibidos por el gobierno bastante elevados, que pudieran otrora destinarse para obras sociales y el desarrollo de una infraestructura productiva; que desde un perspectiva ética es necesario solventar, porque los ciudadanos ya han hecho un gran sacrificio por tributar.
Así mismo lo anterior no es suficiente; es necesario avanzar en perspectiva hacia una segunda etapa de reforma tributaria que ayudará sin duda a financiar el programa ambicioso y bien elaborado por el actual gobierno.
La política económica no es neutral, perjudica y beneficia a determinados sectores, en donde el dilema se resuelve apelando a la ética como principio rector y eso supone privilegiar aquellos sectores más vulnerables, social y económicamente estratégicos para la democracia, la justicia social y el crecimiento económico. Por ello es necesario realizar una reforma fiscal que propenda a la progresividad en la recaudación, eso implica que pese a que existan intereses que puedan afectarse; priman sin duda muchas más razones socioeconómicas que respaldan cualquier cuestionamiento de los sectores afectados.
(*) Economista y colaborador de ContraPunto
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