Pena de muerte: el Estado es el asesino

Tomado de: CONTRAPUNTO

"Crímenes con lujo de barbarie han generado que diversos sectores de la población pidan a gritos el restablecimiento de la pena de muerte en El Salvador. Una medida que se puede llevar de encuentro a personas inocentes"

Por Gloria Morán

SAN SALVADOR- ¿Es viable la pena de muerte en un Estado con una justicia endeble y corrupta, que puede mandar a asesinar a personas que nunca cometieron un crimen?

No, dicen los analistas.

Porque existe ese riesgo, el de que paguen justos por pecadores al restablecer en el país la pena de muerte, pedida a gritos por políticos y por buen porcentaje de la sociedad, ante la ola criminal que abate al país y que alcanzó un nuevo escaño de salvajismo el domingo 20, cuando un microbús de la ruta 47 fue incendiado por pandilleros en Mejicanos, con los pasajeros dentro.

14 personas murieron calcinadas, entre ellos niños, y otras dos personas más fallecieron posteriormente en centros hospitalarios.

Ley del Talión

Después de la masacre, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) pidió la reforma a la Constitución de la República para aprobar la pena capital. Los diversos partidos en el Congreso están analizado su posición al respecto, y las semanas que vienen se esperan intensos debates.

De darse la reforma, que necesita de 56 votos, no se aplicaría de inmediato, sino que la enmienda tendría que ser ratificada por la siguiente legislatura.

La medida está siendo exigida también por empresarios del sector transporte, que ya vieron perder la vida a 80 de sus trabajadores, entre motoristas y cobradores, asesinados en su mayoría por pandilleros.

“Lo menos que puedo pedir es la pena de muerte para los involucrados en estos horrendos crímenes”, dijo a ContraPunto, en medio de su indignación, el presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans), Catalino Miranda.

Ese sentimiento es compartido por un buen porcentaje de la población.

“Que maten a eso desgraciados, ya se comportan peor que los animales, no deben contemplarlos, uno se sube con miedo a los buses, trabaja con miedo”, expresó a este medio electrónico Milton Morales, vendedor informal.

Pero el riesgo de mandar a la silla eléctrica o la inyección letal a personas inocentes es muy alto, dada la debilidad y la corrupción que impera en el sistema judicial. Incluso pasa en los países desarrollados, con sistemas judiciales más robustos.

En estados Unidos, 1985, Derrick Jamison, condenado a muerte por el asesinato de un camarero de Cincinnati, pasó 17 años en el corredor de la muerte hasta que en el 2002 se le concedió otro juicio. En esa ocasión se conoció que la fiscalía retuvo declaraciones que contradecían el testimonio de uno de los testigos que lo inculpó. Esa omisión, que reforzaba su inocencia, lo mantuvo cerca de la muerte injustamente.

La justicia es imperfecta, también se equivoca. Según el informe de Death Penalty Information Project, en Estados Unidos, desde 1973 hasta el año 2009, alrededor de 138 personas fueron liberadas después de haber sido condenadas a muerte o cadena perpetua por crímenes que no cometieron. Si en El Salvador existiera la pena de muerte, es seguro que inocentes habrían sido asesinados por el Estado, injustamente.

El reporte de Amnistía Internacional reflejó que en el 2009 nueve presos condenados a muerte en Estados Unidos fueron exonerados y excarcelados tras pasar, entre todos, 121 años en el pabellón de la muerte.

La realidad de inculpar erróneamente a personas inocentes ha llevado a muchos países a abolir la pena capital.

El informe de Amnistía Internacional, presentado en marzo de 2010, reveló que en el 2009 un total de 95 países abolieron la pena de muerte para todos los delitos, nueve países lo han hecho sólo para los delitos comunes, entre ellos El Salvador, y 35 son abolicionistas en la práctica.

Pero 58 países mantienen aún la pena de muerte.

Un total de 18 países llevaron a cabo ejecuciones en ese año, siete ejecutados eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito.

Entre las principales naciones que ejecutaron a prisioneros están Irán, con 388 ejecuciones; Irak, con 120; Arabia Saudita, con 69; y Estados Unidos, con 52. Según Amnistía Internacional en el 2009 fueron contabilizadas 714 personas ejecutadas y 2001 personas fueron condenadas a muerte.

El Salvador acordó abolir la pena de muerte para delitos comunes en 1983, dejándose vigente únicamente para delitos vinculados al estamento militar. La última ejecución se realizó en 1973.

Según cifras oficiales, en El Salvador hay 15,300 reos condenados y 8,050 aún están siendo procesados y siguen a la espera de la resolución culpable o inocente.

Populismo político

Según la coordinadora de asuntos legales de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Brenda Rodríguez, la propuesta viola uno de los derechos humanos que rige a los pueblos civilizados, el derecho y la defensa a la vida.

Tampoco es viable porque, debilitada la institucionalidad del país, es complicado comprobar la vinculación directa de un sospechoso con un crimen.

“Las instituciones salvadoreñas no tienen la capacidad para tener certeza jurídica de la culpabilidad de muchas personas en hechos delictivos”, dijo Rodríguez.

La medida, dice, es una respuesta inmediata para calmar la voz popular, además de ser inconstitucional, recalcó que la propuesta no es viable en un sistema jurídico débil. Además lo calificó como proselitista y populista.

Para el abogado y catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Rafael Durán Barraza, la petición de la pena de muerte es inconstitucional y parece un acto proselitista por parte de algunos políticos.

Por su parte, el subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, aseguró que en el país hay un sistema de justicia con un alto nivel de error, y cualquier equivocación de inculpar a alguien por algo que no ha cometido, sería un error irreparable.

Desde el 2001, en lo que va pareciendo ya un cuento viejo, el Departamento de Estado, de Estados Unidos, viene lanzando agudas críticas contra el sistema judicial salvadoreño, que "sufre de ineficacia, de corrupción y de insuficiencia de recursos", dijo esa instancia en su informe del 2009.

El informe cita que “ese año la Oficina del Procurador General investigó a tres magistrados acusados de corrupción y continuó investigando 120 casos abiertos en 2008, que implican a funcionarios judiciales. De estos casos, tres fueron desestimados, dos fueron condenados y 95 permanecían bajo investigación a fin de año. Hay una percepción pública que la corrupción gubernamental es un problema grave”.

La Policía Nacional Civil (PNC) también tiene mucho que mejorar. El informe del Departamento de Estado señala que la Inspectoría General ha recibido 2,230 quejas de conducta policial inapropiada, de los cuales 47 se refieren a policías pertenecientes a unidades de investigación especiales. Ha sancionado a 1,181 agentes como resultado de las quejas de ese año y de años previos. Esas sanciones incluyeron a 156 agentes despedidos por actos irregulares.

Por su parte, la Fiscalía General de la República procesó a 462 agentes como resultado de una investigación iniciada en 2008, cita el informe.

“Para que yo confíe en las autoridades de mi país primero deben cambiar a muchos policías, jueces, fiscales, porque de allí salen los más corruptos, como conocen los movimientos, es más fácil que no los agarren”, dijo Graciela P., estudiante de la Universidad de El Salvador.

Con la cabeza fría

Así las cosas, con tanta debilidad y corrupción en las instancias vinculadas al sistema de Justicia, lo más prudente, estiman los expertos consultados, sería no instaurar la pena de muerte, a pesar de que la rabia de la población es intensa contra los criminales que están llegando a niveles de brutalidad insospechados.

Pero es ahora que se necesita ver el asunto con frialdad, en lugar de verlo con a lupa del populismo.

“El dolor, la indignación de ver tanto crimen y hoy que ni a los niños respetan, con la cabeza caliente dan ganas de matar a los delincuentes, pero con la cabeza fría se da cuenta que no es la solución acertada”, aseguró Manuel Landaverde, estudiante de derecho.