martes, 17 de agosto de 2010

Gobierno dará apoyo para renovar el 20% del parque cafetalero


Tomado de: LA PRENSA GRÁFICA

Escrito por Keny López de Carballo

Sábado, 14 agosto 2010 00:00

El parque cafetalero del país podría tener un rostro más fresco dentro de cuatro años. Una de las apuestas del Gobierno es ayudar a los productores a renovar el parque de café con al menos 80 millones de plantas en los próximos cuatro años.

El programa iniciará en la cosecha 2010/2011 (del 1.° de octubre 2010 al 30 de septiembre 2011), y consiste en aportar $0.30 por planta de café sembrada. Ana Elena de Escalante, directora ejecutiva del Consejo Salvadoreño del Café (CSC), explicó que el aporte será para cubrir hasta 100 plantas de café por manzana de un mismo productor por año y que para el primer ejercicio se financiará hasta 16 millones de plantas. "Se espera dar atención a más de 114,000 manzanas de cafetales, esto significa la renovación del 20% de las áreas productivas", indicó.

Según datos de la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFE), el parque cafetalero envejecido necesita una resiembra de 25 millones a 30 millones de árboles en los próximos cuatro años. Las actividades de renovación y repoblación se aplican a entre el 1% y el 5% de la superficie cafetalera.

La edad promedio del parque cafetalero es de 33 años, y de acuerdo a PROCAFE, solo un 25% o 30% de los cultivos de café del país están en óptimas condiciones.

En ese sentido, Hugo Flores, viceministro de Agricultura y Ganadería, destacó que es bien conocido que la vida útil del parque cafetalero del país está llegando a sus límites y que esto desemboca en una baja productividad. "Por eso estamos iniciando a partir de este año la renovación de ese parque cafetalero en el país, esto repercutirá en un incremento en la producción que también se va a traducir en mejoras económicas, en mayor empleo y por supuesto en mejores ingresos para los caficultores", destacó.

Por su parte, Esther Eskenasy, analista de la Asociación Nacional de Café de Guatemala (ANACAFE), destacó que tener incentivos para renovar es una oportunidad que se debe de aprovechar, ya que muchos países tienen problemas por el envejecimiento del parque a causa de la crisis financiera. "El productor ha tenido que escoger entre darle de comer al cafetal o comer él", detalló.

De hecho, se reporta que las existencias de café en los países productores están en el nivel más bajo de 50 años. En el caso de Vietnam, ejemplificó Eskenasy, se necesitan $100 millones para renovar cafetales. A esto se le suman las sequías que han provocado una baja en la producción y en la calidad del grano.

"Muchos países no tienen incentivos para incrementar la producción, tal es el caso de África. En Etiopía, la semilla de ajonjolí desplazó las exportaciones de café", manifestó la analista.

Se estima que con la renovación del parque cafetalero –que en total suma 200,000 manzanas– la producción podría incrementar en 250,000 quintales en cuatro años y esto significaría la creación de al menos 11,000 empleos.

Para este año cafetalero venidero se tiene previsto que El Salvador produzca 2.1 millones de quintales de aromático. Por el momento, las lluvias no preocupan a los cafetaleros pero se mantienen cautelosos si estas persisten entre octubre y noviembre. "Si llegan esos meses y aún continúan las lluvias podría arruinarse parte del grano, pero esperamos que haya suficiente mano de obra para poder cortarlo y que la pérdida sea mínima", acotó la directora ejecutiva del CSC.

El café en el mercado

El café ha tenido un reporte en el precio no visto en años, desde el 9 de junio pasado, cuando el contrato C (arábica suave lavada, que se produce en El Salvador) alcanzó $140 el quintal.

En la jornada de ayer, el café arábico cerró en alza y se acercó a su mayor nivel en 12 años y medio alcanzado este mes, a $1.8155 por libra ($181.55 por quintal) que marcó a inicios de este mes, pero limitó sus ganancias y cerró con un alza de $0.05, a $1.7760 por libra.

"Creo que esta tendencia alcista va a seguir", señaló Esther Eskenasy. Parte de las causas es que las tiendas de comida rápida se pasan al café 100% arábica de calidad, dijo la experta.

Eskenasy agregó que es un buen momento para vender el grano, pero recomendó proteger la tendencia alcista o vender cuando el mercado dé señales técnicas.

sábado, 7 de agosto de 2010

Exportadores: plan del Gobierno es insuficiente


Tomado de: LA PRENSA GRÁFICA

Escrito por María José Saavedra

Jueves, 05 agosto 2010 00:00

El sector exportador salvadoreño teme que los $175 millones que el Gobierno ha anunciado para los cuatro años que restan de la administración de Mauricio Funes, destinados a la Estrategia Integral de Fomento a las Exportaciones, no serán suficientes para impulsar al rubro.

La Corporación Salvadoreña de Exportadores (COEXPORT) ha manifestado que el monto dividido en el desarrollo de los 21 instrumentos de los que se compone la estrategia podría ser muy poco y tendrá un impacto leve.

"Si se pone como ejemplo, la herramienta del bono al empleo según nuestros cálculos permitirá una cobertura de unos 4,000 empleos y los perdidos son como 28,000, eso por ejemplo en su presupuesto se queda corto. Recordemos que el primer objetivo es generar empleo y por lo tanto debería ser mucho mayor", expresó Francisco Bolaños, presidente de COEXPORT.

La gremial insiste en que la estrategia y la cantidad destinada son un buen comienzo, pero les preocupa que algunos programas o instrumentos tengan un alcance limitado y no logren sacar de la depresión al sector, cuyas cifras de crecimiento son similares a las vistas en 2008, cuado aún la crisis económica global no había impactado del todo al país.

"Esos $175 millones de los cuales $70 son para la línea de financiamiento y del fondo de garantía nos deja más o menos $95 millones para los cuatro años que equivalen a $24 millones para cada año, y eso es como lo que se daba para el 6% (del drawback)", señaló Bolaños.

La administración de la línea de financiamiento de $50 millones por la banca privada se suma a las preocupaciones del sector con la estrategia, agrega Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la corporación.

"La línea va a ser manejada a través de la banca privada, esperamos que esté en toda la disposición de ofrecer este fondo como tal", señaló Cuéllar.

Monto por componente

El viceministro de Economía, Mario Roger Hernández, manifestó que el sector no ha comentado nada al respecto de las preocupaciones y recalcó que la estrategia ha sido diseñada para distribuir $175 millones en el período de la administración Funes. El trabajo que prosigue luego de concretar el documento es variar las cantidades destinadas a cada instrumento en el primer borrador del instrumento.

"Esa es la propuesta del Plan Quinquenal, pero también estamos negociando un fondo con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), por eso no podemos anunciar cuánto van a tener los programas, lo que hay que ver también es la capacidad de implementación de las instituciones porque no vale la pena dar $10 millones si no los va a poder ejecutar", dijo Hernández.

La redistribución de los montos pronto se conocerá, añadió.

martes, 27 de julio de 2010

“Esta es la fase light de la reforma”



Entrevista con Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva

Tomado de: EL FARO

¿Qué es esta reforma que encuentra rechazos en algunos sectores empresariales? Es una de dos partes, la suave, y falta "la parte fuerte", dice el presidente del BCR. En esa parte fuerte probablemente se llegue a tocar el impuesto de renta y hasta el IVA. Acevedo responde a las críticas de los detractores de la reforma, como Fusades, que según él sale con argumentos "tontos" y "espurios".

Por: Sergio Arauz

cartas@elfaro.net

Publicada el 18 de noviembre de 2009 - El Faro

Sabemos que las reformas pretenden recaudar más dinero, pero ¿qué objetivo hay detrás de la reforma?

Responde al propósito de dar mayor equidad al sistema tributario y mayor eficiencia. Son dos principios básicos que deberían de regir el sistema tributario del país. La reforma apunta a mejorar los dos aspectos. Ahora, en términos de alcances recaudatorios es muy modesta, pero esto no es... son cifras relativamente modestas, si al final es un punto del PIB, en el mejor de los casos.

¿250 millones?

De 230 a 250 millones. Algunas reformas tienen posibilidades de recaudar un poco más, como las matrículas a los vehículos. He visto el cuadrito, pero no tengo en mente las cifras de lo que cada reforma daría.

¿Esta es la reforma necesaria?

Es el inicio del proceso de pacto fiscal, en el cual hay que comprometerse a reformas de fondo.

Me interesa dimensionar este pliego de reformas.

Esta es la fase light de la reforma.

Ahorita es fase light.

Ajá, falta la fase fuerte.

¿Esta es una parte de cuántas partes?

Esta es la fase light, luego vendría la fase fuerte, dependiendo de cuánto dé esta, de repente esta da más de un punto del PIB.

¿Qué alcances tiene esta fase?

Quiere llegar al punto del PIB, pero El Salvador necesita subir su carga tributaria en un mínimo de tres puntos, entonces como mínimo faltaría buscar dos puntos del PIB adicionales, y esos hay que buscarlos con otros mecanismos fiscales o tributarios.

Esta primera fase pretende un punto de los tres que quieren aumentar en el quinquenio.

Es que de hecho con esta fase se piensa recuperar lo que se perdió con la crisis este año. Queremos volver a tener lo que se tenía antes de la crisis. En la medida en que la economía se vaya recuperando, no solo se va a volver al nivel de carga tributaria precrisis, tal vez se estaría subiendo otro punto.

¿A quién va dirigida?

Va dirigida a quienes han estado evadiendo o eludiendo... También va para ciertos sectores que por razones de su negocio deberían de pagar más, quizá no ellos directamente, sino a la actividad a la que se dedican, como el caso de los licores, que no lo van a pagar ellos, lo van a pagar los consumidores. Igual que los vehículos, no lo van a pagar los distribuidores de vehículos, sino los consumidores. Son actividades o bienes que no han estado tributando lo que deberían de tributar.

Para ustedes es correctivo.

Exactamente. El caso de los vehículos puede ilustrar bien. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, si vos introducís al país, el impuesto que debe pagar debe hacerse con base en la factura comercial del vehículo, no con base en lo que Hacienda desearía, como dice el libro azul. Voy a Estados Unidos, me compro un Ferrari que cuesta un millón de dólares, pero consigo que en la factura me digan mire, costó mil dólares. Aunque yo y Hacienda sepa que no vale mil dólares, yo puedo exigir que Hacienda me cobre impuestos sobre lo que dice la factura. De acuerdo con lo que dice la OMC, debo de pagar de acuerdo con el precio de mil dólares, pero para que pueda circular, necesito matricularlo, y ahí la OMC no interviene, es decisión soberana del país, entonces ahí me van a cobrar lo que yo no pagué al introducirlo. Eso se trata de corregir, que la gente por circular vehículos pague lo que no pagó por meterlo.

Va dirigida a los que consumen licores, los que compran vehículos caros, yates, aviones y...

... Los que tienen cuentas de ahorro por más de 5 mil dólares.

Sobre el interés que ganen esas cuentas de más de 5 mil dólares, el fisco cobrará una tase de 10%.

Así es.

¿A qué otro tipo de personas afectará?

Está muy focalizada en estratos no pobres, los pobres podrían salir indirectamente afectados en la medida en que los directamente afectados quieran trasladar vía precios a sus clientes esos mayores costos. Pero no veo realmente el impacto a los pobres.

¿Cuál de los 14 cuerpos legales que vienen afecta directamente al empresario y a su productividad?

En términos estrictamente técnicos, cualquier impuesto afecta la productividad en la medida en que afecta las utilidades, y le da al empresario menos margen para invertir. Ahora, saltar de ahí a decir: van a quebrar empresas, se va a ir la inversión o el país se va a hacer menos atractivo para atraer inversión, eso es absurdo. Brasil tiene la carga tributaria más alta y es el que más inversión está jalando. Se va a ir si hay otro tipo de costos de transacción más altos.

¿Hay alguien de algún sector empresarial al que le afecte y haya dicho: con esta carga ya no voy a producir?

No, no que yo sepa. En el caso del draw back (devolución al empresario de un 6% del valor de la mercadería que exportó), ahí ha habido abvertencias de empresas que han estado recibiendo el draw back que dicen que si se les quita, cierran el negocio, se van. Ahora, nosotros les estamos diciendo a esas personas, el ministro de Hacienda y los del gabinete económico: pruébenme que realmente con estas medidas van a salir del negocio y nosotros lo reconsideramos. Pero mientras no lo prueben, no hay base. Muéstrennos que su estructura de costos y márgenes de utilidades se van a ver tan afectados que van a tener que salir del negocio. El gobierno está abierto a eso y, hasta donde sé, ninguna empresa lo ha probado.

¿Hay alguna empresa que usted conozca que esté pensando en retirarse?

No, no que yo sepa.

¿Y han detectado alguna crítica, a su juicio, razonable ?

El ministro recibió información de diversa gente de que los restaurantes no pagan las propinas, es decir, lo que cobran de propina lo ocupan para pagar sueldos. Si es así, tiene sentido aplicar el 13% de factura total. Si fuera totalmente propina, entonces no tiene sentido cargar ese 13%. Ahí el ministro dice, bueno, si es propina, lo quitamos. No es un punto de honor para el ministro, de todas las reformas es la que más facilmente se puede quitar.

Usted dice que esta es la fase light. ¿Qué cuerpos de ley de estos 14 pliegos que mandarán a la Asamblea son las columnas vertebrables de la reforma? ¿Qué puntos no son negociables?

No pensaría que hay como una columna vertebral, creo que hay pequeños soportes, pero podés quitar algunos de ellos y la reforma se mantiene. No hay una columna que si la quebrás se desmorona la reforma. Hay algunos temas, por ejemplo en las deducciones, que potencialmente tienen un alcance más fuerte, pero ya habría que verlo en la práctica.

Explíqueme eso.

Ya lo ha manejado el Ministro de Hacienda: cuando un empresario carga la gasolina de su yate para uso de la empresa y esto le deduce el ingreso imponible, eso le reduce el impuesto, entonces eso no es válido, para mí eso es evasión... ahora, con la reforma eso se quita, todavía no sabemos cuál es el alcance de todos los gastos que los empresarios realizan a título personal y lo cargan a nombre de las empresas y le deducen del pago de impuestos. Yo hice un estudio sobre el monto imponible y la renta bruta. Ahí descubrimos que El Salvador, con respecto a otros países y sus legislaciones, permite las mayores deducciones, y esta reforma cierra deducciones que no aplican. Eso puede tener un potencial recaudatorio mucho mayor del que creemos, de ahí puede salir un punto del PIB, solo en eso, pero hay que verlo en la marcha. Habría que hacer un estudio a fondo. Algo está ocurriendo que aquí se permite que las empresas se deduzcan mucho más que en otros países.

En el área de control, ¿qué va? En la reforma de Guillermo López Suárez, por ejemplo, estaba incluido poner en línea las cajas registradoras de los comercios con el ministerio de Hacienda. ¿Ya están en línea? Porque eso se había aprobado.

El ministro López Suárez trabajó en eso, pero no sé, ahí se está proponiendo algo así, pero no sé....

¿En qué sentido se propone?

Se propone que estén en línea las empresas que tienen volúmenes de venta muy fuerte. Lo que pasa es que en esto hay evidencia anecdótica, rumores, pero en otros países los supermercados tienen sus máquinas registradoras conectadas, pero a la vez hay una o dos que no están. En esas una o dos o tres todo lo que se factura no hay manera de verlo.

¿Aquí no hay ninguna conectada?

No, así directamente a Hacienda no.

¿Con esta reforma se van a conectar?

Esa es la idea.

¿En qué parte está eso?

(Revisa en los pliegos) Podría ser... la voy a buscar.

Bueno, me avisa luego. Otra cosa. ¿Qué le dice usted a los empresarios que alegan que con esta reforma los quieren ahorcar o los acosan?

Eso no es cierto, esto es para los empresarios que no quieren pagar. Ahí se amplía la base tributaria para quienes están evadiendo. Para mí un empresario que carga la gasolina de su yate para deducirse impuestos en su empresa cae en evasión. Aprieta mucho a evasores. Aumenta las penas en el Código Tributario para quienes evaden.

Otra cosa: entiendo que en los depósitos para perfeccionamiento activo y zonas francas hay sospechas de que algunos productos no se exportan y entran al mercado local sin pagar impuestos. Eso es defraudación.

Sí, exactamente. Son cosas que ocurren.

¿Qué han identificado de esa práctica?

Lo que pasa es que en el sentido general la defraudación al fisco incluye todo eso, no recuerdo si específicamente en algunas de las reformas está contemplada esa práctica particular. Tengo que terminar de leer bien a detalle todo este paquete.

¿Y en control y cobro qué tenemos? Usted sabe que en el Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda había resoluciones que haría decir a cualquier experto en impuestos "¡huy, aquí o son ciegos o son tontos o son corruptos!"

Digamos que algunas de las sanciones (incluidas en la reforma) van en esa dirección, para quien de alguna manera es cómplice de defraudación al fisco.

La reforma incluye la creación de los Tribunales Penales Tributarios y de Aduanas. ¿Qué es eso?

La idea es que la estructura del sistema judicial no es muy ágil en esas cosas y no es eficiente para tratar temas de defraudación al fisco y contrabando y otro tipo de prácticas. La creación de este tipo de tribunales le daría mayor eficiencia.

¿Sustituirían al Tribunal de Apelaciones?

Darían como mayor garantía de dirimir los conflictos de Hacienda, pero es que ese tema todavía estaba en debate, aún no sé cómo va a quedar. Una vez aprobados no deberían de tardar más de unos tres o seis meses, pero eso depende de procesos burocráticos del país, porque uno piensa que pueden durar tres meses y duran años.

Con los detractores que ya se manifestaron, ¿en el gabinete económico tienen certeza de que la reforma se aprobará?

Es la esperanza y la intención del gobierno.

¿En la Asamblea hay disposición a aprobar la mayoría de cuerpos legales o temen en el gobierno que solo se apruebe una parte?

Con las escisión de Arena hay mayores posibilidades, ayuda un poco más a pasar la reforma. El gobierno le está apostando a que tiene la aritmética legislativa necesaria para pasar la reforma. Hemos visto las reacciones de un montón de analistas... bueno, Fusades se ha opuesto a esto con argumentos espurios, sobre todo en el caso de Fusades que ha gastado tanto en bastantes estudios con bastantes recomendaciones fiscales y ahora traicionan todos esos estudios que diversos especialistas han venido recomendando.

¿Un ejemplo?

Vaya, ahora vienen con el argumento de que ahora no es el momento, que esto va a contribuir a la recesión, que es una caída temporal... es un argumento especialmente tonto de que hay una caída temporal de los ingresos y por eso no amerita la reforma fiscal. Cuando los estudios de Fusades anteriores han dicho que el país necesita un carga tributaria de 15, 16, 17%. Claro que hay una caída temporal de los ingresos, pero eso no tiene que ver con que este gobierno necesite aumentar la recaudación.

Eso dicen algunos, que en el gobierno están asustados por la caída de ingresos de este año, pero que se van a recuperar.

Claro que pueden recuperarse, pero el país necesita una reforma fiscal que vaya más allá. Hay una caída temporal de ingresos, es cierto, pero el problema fiscal no es coyuntural ni temporal, El Salvador tiene un problema fiscal estructural. Aunque se volviera a la recaudación tributaria de antes, igual es necesaria una reforma fiscal. Eso es lo que Fusades ha venido diciendo en todas las estrategias quinquenales, y ahora salen con ese argumento de que no se necesita reforma fiscal para aumentar los ingresos porque es una caída temporal. Como si cuando se recuperen los ingresos ya todo va a estar bien.

Ya. ¿Qué cree de ese cambio de postura?

Cuando ves quiénes están ahí en la comisión del DEES (Departamento de Estudios Económicos y Sociales), empezás a entender por qué están pensando de esta manera ahora.

No entiendo.

Te voy a enseñar algo... (Va a sacar el último informe de coyuntura de Fusades). Mirá a las personas que están ahora en la Comisión de Estudios Económicos y Sociales ahora: Rafael Barraza, María Eugenia Brizuela... Ricardo Hill, Miguel Lacayo, Luis Membreño...

... Orellana Milla...

Vaya, varios de ellos están hablando ahora en contra de la reforma fiscal, entonces con esa gente, ¿qué otra cosa podés decir en un informe de estos?

¿Qué me quiere decir? ¿Que tienen afiliación política o partidaria?

Que es difícil que Fusades pueda hacer un estudio objetivo -en este caso en materia fiscal-, cuando en la Comisión de Estudios Económicos y Sociales por la que pasa cualquier estudio hay gente que tiene claros intereses para estar en contra de la reforma.

¿Qué intereses?

Miguel Lacayo, pensá en los que están hablando en contra abiertamente, los críticos. Rafael Barraza, la gente del sistema financiero...

¿Son a los que va a afectar la reforma porque no pagaban todos los impuestos?

Digamos que por un motivo u otro sienten afectados sus intereses y forman parte del Cómite de Estudios de Fusades que aprueba este estudio. Lo que quiero decir es que no podés esperar que ese estudio diga que la reforma está muy bien. Van a saltar 10 gentes ahí que van a decir no por una u otra razón. El otro es que no puede tener objetividad Fusades a la hora de analizar las cosas.

¿Y antes sí la tenía?

Había más margen de maniobra... José Carlos Bonilla es el presidente de la Comisión y José Carlos Bonilla es un mercenario de La Constancia...

¿Ah?

Yo no lo he escuchado a él, pero seguro que está visceralmente opuesto al tema que le afecta.

¿Cuando usted estaba ahí era otra correlación?

Totalmente, para empezar, todos los funcionarios que están ahora no estaban. Rafael Barraza, Miguel Lacayo, María Eugenia Brizuela... el presidente de la comisión era Mauricio Choussy, eso puede hacer la diferencia, él era un tipo sumamente técnico y objetivo, si salía alguien defendiendo intereses lo ponía en línea y ahora el presidente es el primero que va a salir a defender intereses.

Mire, como usted dice que esta es la fase light, ¿cómo será la fase hard core?

Muchos acusan a esta reforma de contradecir la promesa del presidente de que no se iba a aumentar impuestos. En realidad lo que el presidente había dicho es que no se van a aumentar impuestos mientras no se agoten otras vías de aumento a la recaudación. Aquí hay una corrección, pero cuando el presidente decía no se van a aumentar impuestos se refería a aumentar a la renta y al IVA, que tienen más impacto sobre la población. Ahora lo que hay que ver es lo que puede dar esta reforma, ya te dije, creo que un punto del PIB. Pero el país necesita aumentar tres o cuatro puntos. Esto lo digo porque el mismo ministro de Hacienda lo ha dicho: eventualmente vamos a tener que llegar al IVA o a la renta, probablemente.

¿En la administración de Funes?

Esta sería la segunda parte, la fase hard core de la reforma. Impuesto predial, El Salvador y Cuba son los únicos países que no tienen impuesto predial, también renta mundial... Lo que podría formar parte sería un ajuste del IVA, de dos o tres puntos, un ajuste de renta. Aunque El Salvador, con excepción de Guatemala, es el que tiene el IVA más bajo de América Latina. México acaba de subir IVA, España acaba de subir IVA... El Salvador tiene una carga tributaria muy baja

jueves, 22 de julio de 2010

La crisis de la ideología de mercado y el regreso de la política ambiental


Tomado de: Alainet

Por Eduardo Guynas

La actual debacle económica global ha puesto en serio cuestionamiento las ideas convencionales sobre el mercado. Su ampliación abusiva, la creación de nuevos instrumentos financieros, y la ausencia de regulaciones amparando la especulación, han llegado a su propio límite.

Pero un aspecto que está pasando desapercibido es que este colapso de las ideas convencionales también tiene una dimensión ambiental, la que debería ser abordada cuanto antes. Las posturas ortodoxas que crearon los instrumentos derivados y los mercados a futuro, han sido las mismas que promovieron la ampliación del concepto de mercadería hasta incluir a la Naturaleza bajo la forma de los llamados "bienes y servicios ambientales".

Surgió el rótulo "capital natural" y proliferaron los métodos para calcular el precio de las plantas, los animales, y hasta de los ciclos ecológicos. La Naturaleza, ahora dividida en partes, no sólo debía estar revestida de precios sino que también debía contar con dueños, y por lo tanto se ampliaron los regímenes de derechos de propiedad. De esta manera se cerró un círculo de que permitió acorralar a la Naturaleza en el mercado.

La consecuencia fue la desaparición de las políticas ambientales como políticas, para ser suplantadas por una gestión ecológica orientada por los análisis de costos y beneficios económicos. Se crearon nichos "verdes" en los mercados y se inventaron instrumentos financieros ambientales.

El ejemplo más reciente es el mercado para "créditos" de carbono como instrumentos de lucha contra el calentamiento global. Se aseguraba a las empresas un incentivo económico para que no contaminaran, sin poner bajo cuestión la esencia de sus procesos productivos y sus impactos.

En ese mercado, los países del sur terminaban reforzando su papel subordinado al aceptar el dinero de esos créditos de carbono, compiten entre ellos en su precio y nada asegura su efectividad ecológica.

Las posturas reduccionistas también se aprovecharon de la buena intención de muchos ambientalistas que insistían en reconocer la contribución económica de la Naturaleza. Se recordaba, por ejemplo, que los aportes económicos de la agricultura dependían de proteger la fertilidad del suelo y la disponibilidad de agua. Pero en lugar de comprender esa interdependencia, se buscó generar nuevos mercados, privatizándose el agua o asignándose derechos de riego que podían ser comprados o vendidos.

A la par que aumentaba la burbuja financiera en Wall Street, desde donde se comercializaban sin controles los contratos financieros, conocidos como instrumentos derivados, se consolidaba la invasión de esos razonamientos en el campo ambiental. En 2002, en la Cumbre de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible, se terminó legitimando las ideas de los bienes y servicios ambientales en el mercado. Los países latinoamericanos apoyaron esa perspectiva. Rápidamente proliferaron todo tipo de estudios de valoración económica, se crearon los mercados para comercializar permisos de contaminación, y se experimentaron instrumentos económicos verdes.

Es bajo ese contexto que explotó la crisis financiera en octubre de 2008. Hoy todos sabemos que esos instrumentos que trasladaban riesgos y deudas se desplomaron. Pero al mismo tiempo la propia capacidad de calcular el valor económico se resquebrajó.

En este momento hay una gran volatilidad y desconcierto en saber cuánto valen las cosas. Por ejemplo, las acciones del gigante transnacional General Motors pasaron de casi US$ 40 hace un año atrás, a poco menos de cinco dólares en estos días. Frente a esta incertidumbre en las valuaciones del capital en sus expresiones tradicionales, es legítimo preguntarse qué puede esperarse de los intentos de ponerle un precio al capital natural.

En efecto, desde hace mucho tiempo se ha advertido sobre las enormes incertidumbres y la gran diversidad de resultados en la valoración económica. Esas voces quedaron enmudecidas detrás del coro de los defensores del mercado, pero la crisis actual obliga a tomarlas en serio.

La valuación económica convencional también se acopla con las metodologías clásicas de costo y beneficio, y por lo tanto la gestión ambiental queda atrapada en los objetivos de rentabilidad, que se imponen sobre las metas de conservación. De esta manera la "política" ambiental se reduce en una "gestión" ajustada a criterios de beneficio y utilidad en manos de los privados.

Esa corriente desembocó también en posturas fatalistas. Un ejemplo son las propuestas de Conservation International para la Amazonia que consideran inevitable la pérdida de los bosques tropicales, renunciando a un desarrollo armonioso y balanceado con el ambiente, y por lo tanto su única alternativa sería vender bienes y servicios ambientales en los mercados globales para obtener el financiamiento necesario para asegurar una red de áreas protegidas.

Hay una tensión constante en este tipo de propuestas ya que dependían en colectar algunos excedentes en el mercado global, mutando la esencia de las medidas de conservación en instrumentos de mercado capaces de atraer esos inversores y asegurando una rentabilidad.

La crisis actual también ha dejado en entredicho todas estas posturas. Por un lado, el desplome del capital disponible y las restricciones al crédito que se vivirán en el futuro inmediato limitarán seriamente los fondos disponibles para los mercados ambientales paralelos. En otras palabras: las grandes empresas apenas tienen fondos disponibles, y por lo tanto no habría que hacerse muchas ilusiones en que lo dedicarán a la caridad social o el marketing verde. Pero por otro lado, este fenómeno también contribuye a poner en entredicho los fundamentos ideológicos que redujeron la Naturaleza a mercancías, y la política a una gestión ensimismada con lo económico.

Las nuevas circunstancias que se están generando a escala global deben ser aprovechadas para salir del reduccionismo del gerenciamiento y volver al campo de una política ambiental. Esto implica reconocer que la temática ambiental depende sobre todo de una construcción política, y en particular debe ser una política pública. Esto no implica anular la gestión, sino que se la debe volver a poner bajo un proceso de decisiones políticas. En otras palabras, el mercado debe estar bajo regulación social.

Alan Greenspan, el "oráculo" de Wall Street, mientras fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, rechazaba cualquier tipo de control, sosteniendo que los "riesgos en los mercados financieros, incluidos los mercados de los derivados, los están regulando las partes privadas". En pleno apogeo de la crisis debió admitir que al menos estuvo "parcialmente" equivocado cuando apostó por la desregulación.

Por lo tanto es necesario implantar una regulación social que debe ser construida como una política. Bajo esta perspectiva, la política ambiental se asemejaría, por ejemplo, a lo que se espera en el terreno de la educación o la salud pública.

No se puede generar una política ambiental dependiente de la rentabilidad de cada emprendimiento, sino que se la construye en atención a metas y compromisos sociales compartidos y que deben ser cumplidos independientemente de su costo. Esos objetivos no están en generar beneficios económicos sino en asegurar la calidad del entorno y la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, la actual crisis debe ser entendida como una oportunidad para recuperar esta discusión y avanzar al fortalecimiento de esa dimensión política del debate ecológico en América Latina.

- Eduardo Gudynas es investigador en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina), en Montevideo (Uruguay).

jueves, 15 de julio de 2010

Un vistazo a las cuentas del Sector Público Costarricense




Por: Julián Salinas

La eficacia de la política fiscal depende del adecuado manejo de tres de sus componentes fundamentales la política de ingresos, la política de gastos y la política de endeudamiento. Dentro de estas sin duda es la política de ingresos la determinante, porque constituye la base financiera de las demás.

En base a lo anterior es posible sostener, que un saludable endeudamiento público y una política de gastos que se corresponda con las demandas socioeconómicas de la sociedad Costarricense, supone una política tributaria sostenible capaz de hacer frente a un horizonte estratégico de la política económica, máxime cuando existe una política monetaria austera centrada básicamente hacia el control de la inflación.

Estas ideas permiten introducir al debate de la vigente propuesta de reforma tributaria, donde es pertinente analizar las circunstancias actuales en que se encuentra Costa Rica y las perspectivas intrínsecas que plantea la propuesta de reforma.

Costa Rica para el 2008 registraba una recaudación tributaria como proporción del PIB de 15.3%, de modo que entre 2000 y 2008 esta experimentó un crecimiento de aproximadamente tres puntos porcentuales, ubicándose en la posición ocho de una muestra de 20 países en el nivel latinoamericano, la cual se considera una posición relativamente privilegiada.

Por otra parte es aclarar, que las sociedades poseen demandas diferenciadas acorde a los niveles de consumo público, así como de la estructura de apoyos socioeconómicos, lo que constituye a fin de cuentas, la referencia que debe primar (mas que comparase con otros países); además, las economías en cuanto mayores niveles de desarrollo presenta, mayores son las tasas de recaudación impositiva que reflejan.

Así mismo, la recaudación fiscal podría ser mucho mayor, considerando que existe una elevada evasión fiscal que se registró de 64% para el 2007 (siendo esta una de las más bajas) lo que pone en evidencia serias dificultades para la recaudación, limitando al estado su capacidad presupuestaria que otrora significaría mayores beneficios para las familias costarricenses, menor en endeudamiento y más empleo; sobre todo cuando son recursos que los ciudadanos ya han desembolsado.

Esta es una de las grandes debilidades que presenta el sector público Costarricense y el gobierno debe procurar hacer frente a dicha problemática antes de plantear cualquier modificación en la carga y en la base tributaria.

En Costa Rica, el gasto público como proporción del PIB para el 2008 fue de 15.7% sin embargo de este porcentaje el 13.5% se destina para gasto corriente y se destina tan solo el restante 2% para inversión pública lo que cuestiona en definitiva la calidad del gasto público, el cual no se está aprovechando para obras de infraestructura o inversión social de manera eficaz. Esto refleja otra debilidad de la política fiscal.

En torno a las características de la estructura impositiva se observa tendiente a la regresividad, observándose para el 2008 que los impuestos indirectos representaron el 8.7% del PIB; mientras que los directos constituyeron tan solo un 4.5% del PIB, aspecto que pone al descubierto un carácter regresivo, cargando fundamentalmente al consumo.

La regresividad lo que dice es que la tributación Costarricense poco discierne de la capacidad de pago de las familias Costarricenses, por ejemplo si una familia gana 100,000 colones y otra familia gana dos millones de colones y ambos compran 10 mil colones en el supermercado el pago de impuestos será la misma para ambas familias sin importar quién gane más.

Este aspecto constituiría otra debilidad del sistema tributario que es pertinente tomar en cuenta. De este modo se identifican tres aspectos significativos por consolidar en el sistema tributario para hacerlo más justo y eficaz y que servirá de base para evaluar la propuesta de reforma fiscal vigente.

El endeudamiento público por ser hasta el momento relativamente manejable, habiéndose presentado déficit fiscales no tan elevados, se tomará como una discusión indirecta en el sentido de que si los ingresos y gastos son manejados de forma consistente el endeudamiento también reflejará dicha responsabilidad fiscal. Recientemente el endeudamiento del sector público como proporción del PIB se ha reducido del 60% en 2004 al 40% en 2008 una disminución considerable.

La reforma fiscal en este sentido plantea según el ex ministro de hacienda "Guillermo Zuñiga" tres directrices, cambios a las leyes aduaneras, modificaciones al impuesto sobre la renta y además el proyecto del IVA. El ex ministro plantea esta reforma en etapas orientadas a diversos objetivos.

Los objetivos plasmados en esta reforma son muy pertinentes; dado que es necesario ampliar las capacidades presupuestarias del estado aspirando a una recaudación fiscal del 18% del PIB eso daría un oxígeno financiero al estado para disponer de una política económica fuerte.

El tema polémico de esta propuesta pese a que existe concordancia con los objetivos, es que no se da la adecuada preponderancia a los tres problemas fundamentales identificados en este análisis: evasión fiscal, regresividad de la estructura tributaria e ineficiente gasto público. En este sentido, es necesario replantear algunos de los medios primando aquellas debilidades que es necesario resolver, antes de considerar una ampliación de la carga y la base tributaria.

Para ello deben existir reformas encaminadas a resolver estos aspectos. El combate a la evasión es un componente fundamental de reforma, para lo cual se debe generar un marco jurídico que penalice estas prácticas, así como eficiencia en los procesos administrativos de recaudación e investigación fiscal capaz de identificar la manera en que se realiza dicha evasión, es decir, una reingeniería que haga más eficaz la recaudación.

Es de mencionar que si se combate la evasión fiscal eso indirectamente contribuye a mejorar la progresividad en la recaudación, porque el impuesto sobre la renta es de los que aparentemente presentan altos niveles de evasión. Así mismo debe aspirarse a generar una conciencia ciudadana para inclinar un poco la balanza hacia los impuestos directos, congruente con una discusión ética de privilegio de las familias con menos capacidades productivas.

Finalmente la política fiscal no es solamente ingreso, también hay que poner particular atención a los gastos, tomando en cuenta que debe buscarse cambiar la composición del gasto hacia la inversión pública que contribuye a ampliar la capacidad productiva de un país, así como también, crea una infraestructura de apoyo socio institucional que propenda al mejoramiento de los indicadores sociales y el fortalecimiento de la investigación y desarrollo.

miércoles, 14 de julio de 2010

El dólar y el dragón


Tomado de: CONTRAPUNTO

Por Joseph S. Nye

CAMBRIDGE – Desde hace varios años, las autoridades norteamericanas vienen presionando a China para que reevalúe su moneda. Su queja es que un renminbi subvaluado representa una competencia injusta que destruye los empleos norteamericanos y contribuye al déficit comercial de Estados Unidos. ¿Cómo deberían responder entonces las autoridades estadounidenses?

Justo antes de la reciente cumbre del G-20 en Toronto, China anunció una fórmula que permitiría una modesta apreciación del renminbi, pero algunos congresistas norteamericanos aun no están convencidos, y amenazan con aumentar los aranceles a los productos chinos.

Estados Unidos absorbe importaciones chinas, le paga a China en dólares y China retiene los dólares, amasando reservas de moneda extranjera de 2,5 billones de dólares, gran parte en títulos del Tesoro de Estados Unidos. Para algunos observadores, esto representa un cambio fundamental en el equilibrio de poder global, porque China podría poner a Estados Unidos de rodillas si amenazara con vender sus dólares.

Ahora bien, si China pusiera a Estados Unidos de rodillas, podría infligirse un daño aún peor a sí misma en el proceso. China no sólo reduciría el valor de sus reservas conforme el valor del dólar decayera, sino que también pondría en peligro la continua voluntad por parte de Estados Unidos de importar productos chinos baratos, lo que implicaría pérdidas de empleos e inestabilidad en China.

Evaluar si la interdependencia económica genera poder exige analizar el equilibrio de las asimetrías, no sólo de un lado de la ecuación. En este caso, la interdependencia ha creado un “equilibrio de terror financiero” análogo a la Guerra Fría, cuando ni Estados Unidos ni la Unión Soviética utilizaron su potencial para destruirse mutuamente en un intercambio nuclear.

En febrero de 2010, furiosos ante las ventas de armas estadounidenses a Taiwán, un grupo de altos oficiales militares instaron al gobierno chino a deshacerse de los bonos del gobierno de Estados Unidos en represalia. Su propuesta fue desatendida. Por el contrario, Yi Gang, director de la administración estatal de divisas extranjeras de China, explicó que “las inversiones chinas en bonos del Tesoro de Estados Unidos son un comportamiento de inversión de mercado y no es nuestra intención politizarlas”. De lo contrario, el dolor sería mutuo.

No obstante, este equilibrio no es garantía de estabilidad. Siempre existe el peligro de acciones con consecuencias no intencionales, especialmente en vista de que uno podría esperar que ambos países tomen medidas para cambiar el esquema y reducir sus vulnerabilidades. Por ejemplo, después de la crisis financiera de 2008, mientras Estados Unidos presionaba a China para que permitiera la apreciación de su moneda, funcionarios del banco central de China comenzaron a decir que Estados Unidos tenía que aumentar sus ahorros, reducir sus déficits y tomar medidas para respaldar el papel del dólar como moneda de reserva con derechos especiales de giro emitidos por el FMI.

Sin embargo, China ladró más fuerte de lo que mordió. El mayor poder financiero de China puede haber incrementado su capacidad para resistir las súplicas norteamericanas, pero a pesar de las predicciones nefastas, su papel de acreedor no ha sido suficiente para forzar a Estados Unidos a cambiar sus políticas.

Si bien China ha tomado medidas menores para retardar el incremento en sus tenencias denominadas en dólares, no se ha mostrado dispuesta a arriesgar una moneda plenamente convertible por razones políticas internas. En consecuencia, es poco probable que el renminbi desafíe el papel del dólar como el principal componente de las reservas mundiales (más del 60%) en la próxima década.

Aún así, mientras China aumenta gradualmente el consumo interno en lugar de basarse en las exportaciones como su motor de crecimiento económico, sus líderes pueden empezar a sentirse menos dependientes que ahora del acceso al mercado estadounidense como fuente de creación de empleo, lo que es crucial para la estabilidad política interna. En ese caso, mantener un renminbi débil protegería la balanza comercial de una inundación de importaciones.

Las asimetrías en los mercados de divisas son un aspecto particularmente importante del poder económico, ya que están en la base del comercio global y los mercados financieros. Al limitar la convertibilidad de su moneda, China elude la capacidad de los mercados de divisas de disciplinar las decisiones económicas domésticas.

Comparemos, por ejemplo, la disciplina que los bancos internacionales y el FMI lograron imponer en Indonesia y Corea del Sur en 1998, con la relativa libertad de Estados Unidos –conferida por la denominación de deuda estadounidense en dólares- para aumentar el gasto gubernamental en respuesta a la crisis financiera de 2008. De hecho, más que debilitarse, el dólar se apreció ya que los inversores ven la fortaleza subyacente de Estados Unidos como un refugio seguro.

Obviamente, un país cuya moneda representa una proporción significativa de las reservas mundiales puede ganar poder internacional a partir de esa posición, gracias a mejores condiciones para el ajuste económico y la capacidad de influir en otros países. Como alguna vez se quejó el presidente francés Charles de Gaulle, “dado que el dólar es la moneda de referencia en todas partes, puede hacer que otros sufran los efectos de su mala gestión. Es algo inaceptable. No puede durar”.

Pero duró. La fortaleza militar y económica de Estados Unidos refuerza la confianza en el dólar como refugio seguro. Tal como dijo un analista canadiense, “el efecto combinado de un mercado de capital avanzado y una máquina militar poderosa para defender ese mercado, y otras medidas de seguridad, como una marcada tradición de protección de los derechos de propiedad y una reputación por pagar las deudas, ha hecho posible atraer capital con gran facilidad”.

El G-20 se está concentrando en la necesidad de “reequilibrar” los flujos financieros, alterando el viejo patrón de que los déficits estadounidenses equipararan los superávits chinos. Esto requeriría cambios políticamente difíciles en el consumo y la inversión -Estados Unidos tendría que aumentar sus ahorros y China, reducir su consumo interno.

Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana. Ninguna de las partes está apurada por romper la simetría de la vulnerabilidad interdependiente, pero ambas todavía pelean por tomar posiciones a la hora de dar forma a la estructura y marco institucional de su relación de mercado. Por el bien de la economía global, es de esperar que ninguna de las partes erre en sus cálculos.

(*) Copyright: Project Syndicate, 2010.

www.project-syndicate.org

jueves, 8 de julio de 2010

El empleo en la industria textil salvadoreña


Tomado de: CONTRAPUNTO

Por Saúl Díaz Ortiz (*)

Análisis de la propuesta generadora de empleo en el rubro de las maquilas, presentada por CAMTEX

SAN SALVADOR-A principios del mes de mayo del presente año la industria textil salvadoreña, a través de la Cámara de la Industria Textil y Confección (CAMTEX), presentó una propuesta para crear más de 11,000 nuevos empleos. Estos nuevos empleos se generarían para llenar una demanda insatisfecha dentro del mercado textil internacional, luego de que el más reciente terremoto en Haití obligara a diversas fábricas de confección de dicho país a cerrar operaciones.

En tiempos de crisis y falta de empleo esta propuesta parece tentadora, sin embargo al analizar detenidamente como la industria textil quiere crear esos nuevos puestos de trabajo, podemos decir que, cuando menos, es una propuesta muy difícil de aceptar.

CAMTEX propone que los trabajadores de la industria textil modifiquen sus jornadas laborales y que pasen a ser de cinco días a la semana por ocho horas diarias y uno por cuatro horas; a tres días a la semana durante 12 horas diarias y uno más por 6 horas. Esta propuesta ha sido bautizada con el nombre de "jornadas 3.5X3.5".

Esta propuesta ha causado diversas reacciones de los actores involucrados. Los empresarios de la industria textil (conformada principalmente por las llamadas maquilas), expresan que además de crear una enorme cantidad de nuevos empleos, también existiría un tremendo incremento en la productividad de la industria lo que generaría beneficios para el país en términos de nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras. El tema para los empresarios textiles es tan beneficioso que el presidente de CAMTEX autonombró a esta industria como la "verdadera fabrica de empleos" del país (en clara alusión a la promesa electoral que el actual presidente de la República hizo cuando aún era candidato a la presidencia).

Por parte del Gobierno, el Ministerio de Trabajo (MINTRAB) se expresó en contra de la propuesta por catalogarla de inconstitucional (al cambiar de manera importante la jornada laboral). La ministra de trabajo, Victoria de Avilés, propuso que se mantengan jornadas de ocho horas diarias pero de dos turnos en cada día. En este sentido, con la propuesta del MINTRAB se trabajaría cinco días a la semana de 6:00AM a 12:00MD y otro turno de 2:00PM a 10:00PM.

Por su lado, las gremiales de trabajadores del sector han expresado su rotundo rechazo ante la propuesta de las jornadas 3.5X3.5. Dirigentes de las gremiales "Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador" y "Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador"; manifestaron que las razones por las que se oponen son, entre otras: el deterioro físico y mental que conlleva trabajar durante jornadas tan largas, especialmente dentro de las condiciones en las que se labora en el sector textil; y el rechazo por parte de los empresarios textiles de pagar horas extra y el pago extra por las horas de trabajo nocturno.

Luego de observar las reacciones de los actores involucrados en este tema, quisiera presentar algunos hechos por los cuales esta propuesta no es aceptable dentro de la realidad actual.

Es curioso que esta propuesta se haga pública a principios de mayo del presente año, muy cerca de la celebración internacional del día del trabajador. Esta celebración conmemora el gran logro que se obtuvo dentro de los Estados Unidos para que por ley la jornada diaria laboral no sobrepasara las ocho horas. Además también conmemora el recuerdo de los trabajadores que en Chicago pelearon por sus derechos y luego de una manifestación violenta fueron apresados y ejecutados posteriormente. Luego de esto sucedido en el año de 1886, la mayoría de países democráticos en el mundo iniciaron un proceso para establecer un marco legal que velará por este derecho de los trabajadores y trabajadoras.

En El Salvador, de acuerdo al artículo 161 del código de trabajo se establece claramente que "La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno, salvo las excepciones legales no excederá de ocho horas diarias, ni la nocturna de siete" (entiéndase por excepciones legales las horas extra, las cuales deben ser pactadas de común acuerdo con el trabajador en forma ocasional, debiendo por ley tener un pago superior a la jornada ordinaria). Esto se confirma al leer el artículo 38 de la constitución donde se estipula la misma duración de la jornada laboral: "La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de ocho horas y la semana laboral de cuarenta y cuatro horas". En este sentido, la propuesta de CAMTEX de las jornadas 3.5X3.5 es desde un principio inconstitucional, ya que incumple la duración máxima de la jornada laboral diaria, aun y cuando cumple la duración de la horas laborales semanales.

Sumado a lo anterior, es importante mencionar que dentro del sector textil salvadoreño, específicamente dentro de las fábricas llamadas maquilas, las condiciones laborales promedio dejan mucho que desear. En el año 2006 realice una investigación sobre este tema dentro de tres maquilas ubicadas en Antiguo Cuscatlán. De esa investigación pude concluir por entrevistas a varias trabajadoras que las condiciones laborales no cumplen muchas veces el mínimo establecido en cuanto a seguridad laboral, higiene e incluso derechos básicos (como por ejemplo poder ir al servicio sanitario cuantas veces sea necesario).

Por último, para evaluar la postura de los empresarios del sector textil se debe revisar sus argumentos principales. El primero consiste que se crearan un gran número de empleos y el segundo es que habrá un incremento en la productividad del sector.

El primer argumento es parcialmente verdadero, ya que el número de trabajadores y trabajadoras en el sector se duplicaría con esta medida, sin embargo serían empleos bajo condiciones laborales precarias y con jornadas tan largas que afectarían directamente al trabajador. En este sentido, un estudio publicado en el año 2007 por la Organización Internacional del Trabajo se destaca que jornadas laborales diarias excesivamente largas (mayores a ocho horas), pueden llegar a ocasionar problemas en la salud, en la vida familiar y accidentes del trabajador, además de una disminución de la productividad debido a la perdida de concentración y energía.

El segundo argumento, está mal planteado, ya que un aumento de personal distribuido en dos turnos solo incrementaría la capacidad de producción pero no necesariamente la productividad (producir más en menor o igual cantidad de tiempo). De hecho, debido a la jornada laboral diaria excesivamente larga la productividad tendería hacia abajo más que hacia arriba. En este sentido, el tema de la productividad en la maquila no ha sido analizado detenidamente, ya que sin necesidad de aumentar la jornada laboral diaria la productividad de las personas empleadas en el sector ha aumentado, sin embargo no lo ha hecho su retribución salarial real (poder adquisitivo que poseen los trabajadores y trabajadoras del sector). De acuerdo a estimaciones propias, la productividad promedio en el periodo de 1994 a 2003 en el sector de la maquila ha tenido una tendencia al alza, sin embargo lo salarios reales no han crecido a igual ritmo e incluso han disminuido de 2001 a 2003.

Todo lo anterior establece con firmeza que no es adecuado emprender jornadas laborales diarias mayores a ocho horas y que por tanto la propuesta realizada por los empresarios de la industria textil es inaceptable, no solo porque no traerá ninguno de los beneficios planteados y es una medida inconstitucional, sino también porque atenta contra la humanidad y los derechos de las personas empleadas en dicho sector.

sábado, 3 de julio de 2010

Costo de canasta básica salvadoreña varía $4 en primer semestre 2010


Tomado de: La Prensa Gráfica

por Rafael Macal

Jueves, 01 julio 2010 11:30

La canasta básica salvadoreña ha reportado un incremento de $4, al comparar los precios del primer semestre de 2009 con el del año 2010, reveló hoy la Defensoría del Consumidor (DC), tras realizar un sondeo de 32 alimentos básicos que se venden en supermercados y mercados del país.

El precio de la canasta básica era $28.96 al 15 de junio de 2009. Al 17 de junio de 2010, el valor ahora es de $33.05,

Esto se traduce en un incremento de $4.09 que los salvadoreños deben pagar para adquirir los productos de la canasta básica.

Los productos que se identificó han subido más de precio son algunas verduras que aumentaron a partir de noviembre de 2009 con la tormenta Ida; y el producto que más ha bajado es el frijol. El detalle de precios también aplica para la venta de productos por los mayoristas.

Como medida para tener una mayor vigilancia sobre los productos que se venden en los supermercados, la DC pidió a las principales cadenas de supermercados información sobre volúmenes, precio de compra y venta al consumidor final de los productos de consumo básico.

Asimismo informaron que se le solicitó la misma información a 31 empresas comercializadoras de granos básicos, pero sólo 18 fueron atendidos. Los 13 restantes incurrieron en una infracción considerada como “muy grave” y que está contemplada en el artículo 44 de la Ley de Protección al Consumidor.

domingo, 27 de junio de 2010

Pena de muerte: el Estado es el asesino


Tomado de: CONTRAPUNTO

"Crímenes con lujo de barbarie han generado que diversos sectores de la población pidan a gritos el restablecimiento de la pena de muerte en El Salvador. Una medida que se puede llevar de encuentro a personas inocentes"

Por Gloria Morán

SAN SALVADOR- ¿Es viable la pena de muerte en un Estado con una justicia endeble y corrupta, que puede mandar a asesinar a personas que nunca cometieron un crimen?

No, dicen los analistas.

Porque existe ese riesgo, el de que paguen justos por pecadores al restablecer en el país la pena de muerte, pedida a gritos por políticos y por buen porcentaje de la sociedad, ante la ola criminal que abate al país y que alcanzó un nuevo escaño de salvajismo el domingo 20, cuando un microbús de la ruta 47 fue incendiado por pandilleros en Mejicanos, con los pasajeros dentro.

14 personas murieron calcinadas, entre ellos niños, y otras dos personas más fallecieron posteriormente en centros hospitalarios.

Ley del Talión

Después de la masacre, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) pidió la reforma a la Constitución de la República para aprobar la pena capital. Los diversos partidos en el Congreso están analizado su posición al respecto, y las semanas que vienen se esperan intensos debates.

De darse la reforma, que necesita de 56 votos, no se aplicaría de inmediato, sino que la enmienda tendría que ser ratificada por la siguiente legislatura.

La medida está siendo exigida también por empresarios del sector transporte, que ya vieron perder la vida a 80 de sus trabajadores, entre motoristas y cobradores, asesinados en su mayoría por pandilleros.

“Lo menos que puedo pedir es la pena de muerte para los involucrados en estos horrendos crímenes”, dijo a ContraPunto, en medio de su indignación, el presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans), Catalino Miranda.

Ese sentimiento es compartido por un buen porcentaje de la población.

“Que maten a eso desgraciados, ya se comportan peor que los animales, no deben contemplarlos, uno se sube con miedo a los buses, trabaja con miedo”, expresó a este medio electrónico Milton Morales, vendedor informal.

Pero el riesgo de mandar a la silla eléctrica o la inyección letal a personas inocentes es muy alto, dada la debilidad y la corrupción que impera en el sistema judicial. Incluso pasa en los países desarrollados, con sistemas judiciales más robustos.

En estados Unidos, 1985, Derrick Jamison, condenado a muerte por el asesinato de un camarero de Cincinnati, pasó 17 años en el corredor de la muerte hasta que en el 2002 se le concedió otro juicio. En esa ocasión se conoció que la fiscalía retuvo declaraciones que contradecían el testimonio de uno de los testigos que lo inculpó. Esa omisión, que reforzaba su inocencia, lo mantuvo cerca de la muerte injustamente.

La justicia es imperfecta, también se equivoca. Según el informe de Death Penalty Information Project, en Estados Unidos, desde 1973 hasta el año 2009, alrededor de 138 personas fueron liberadas después de haber sido condenadas a muerte o cadena perpetua por crímenes que no cometieron. Si en El Salvador existiera la pena de muerte, es seguro que inocentes habrían sido asesinados por el Estado, injustamente.

El reporte de Amnistía Internacional reflejó que en el 2009 nueve presos condenados a muerte en Estados Unidos fueron exonerados y excarcelados tras pasar, entre todos, 121 años en el pabellón de la muerte.

La realidad de inculpar erróneamente a personas inocentes ha llevado a muchos países a abolir la pena capital.

El informe de Amnistía Internacional, presentado en marzo de 2010, reveló que en el 2009 un total de 95 países abolieron la pena de muerte para todos los delitos, nueve países lo han hecho sólo para los delitos comunes, entre ellos El Salvador, y 35 son abolicionistas en la práctica.

Pero 58 países mantienen aún la pena de muerte.

Un total de 18 países llevaron a cabo ejecuciones en ese año, siete ejecutados eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito.

Entre las principales naciones que ejecutaron a prisioneros están Irán, con 388 ejecuciones; Irak, con 120; Arabia Saudita, con 69; y Estados Unidos, con 52. Según Amnistía Internacional en el 2009 fueron contabilizadas 714 personas ejecutadas y 2001 personas fueron condenadas a muerte.

El Salvador acordó abolir la pena de muerte para delitos comunes en 1983, dejándose vigente únicamente para delitos vinculados al estamento militar. La última ejecución se realizó en 1973.

Según cifras oficiales, en El Salvador hay 15,300 reos condenados y 8,050 aún están siendo procesados y siguen a la espera de la resolución culpable o inocente.

Populismo político

Según la coordinadora de asuntos legales de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Brenda Rodríguez, la propuesta viola uno de los derechos humanos que rige a los pueblos civilizados, el derecho y la defensa a la vida.

Tampoco es viable porque, debilitada la institucionalidad del país, es complicado comprobar la vinculación directa de un sospechoso con un crimen.

“Las instituciones salvadoreñas no tienen la capacidad para tener certeza jurídica de la culpabilidad de muchas personas en hechos delictivos”, dijo Rodríguez.

La medida, dice, es una respuesta inmediata para calmar la voz popular, además de ser inconstitucional, recalcó que la propuesta no es viable en un sistema jurídico débil. Además lo calificó como proselitista y populista.

Para el abogado y catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Rafael Durán Barraza, la petición de la pena de muerte es inconstitucional y parece un acto proselitista por parte de algunos políticos.

Por su parte, el subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, aseguró que en el país hay un sistema de justicia con un alto nivel de error, y cualquier equivocación de inculpar a alguien por algo que no ha cometido, sería un error irreparable.

Desde el 2001, en lo que va pareciendo ya un cuento viejo, el Departamento de Estado, de Estados Unidos, viene lanzando agudas críticas contra el sistema judicial salvadoreño, que "sufre de ineficacia, de corrupción y de insuficiencia de recursos", dijo esa instancia en su informe del 2009.

El informe cita que “ese año la Oficina del Procurador General investigó a tres magistrados acusados de corrupción y continuó investigando 120 casos abiertos en 2008, que implican a funcionarios judiciales. De estos casos, tres fueron desestimados, dos fueron condenados y 95 permanecían bajo investigación a fin de año. Hay una percepción pública que la corrupción gubernamental es un problema grave”.

La Policía Nacional Civil (PNC) también tiene mucho que mejorar. El informe del Departamento de Estado señala que la Inspectoría General ha recibido 2,230 quejas de conducta policial inapropiada, de los cuales 47 se refieren a policías pertenecientes a unidades de investigación especiales. Ha sancionado a 1,181 agentes como resultado de las quejas de ese año y de años previos. Esas sanciones incluyeron a 156 agentes despedidos por actos irregulares.

Por su parte, la Fiscalía General de la República procesó a 462 agentes como resultado de una investigación iniciada en 2008, cita el informe.

“Para que yo confíe en las autoridades de mi país primero deben cambiar a muchos policías, jueces, fiscales, porque de allí salen los más corruptos, como conocen los movimientos, es más fácil que no los agarren”, dijo Graciela P., estudiante de la Universidad de El Salvador.

Con la cabeza fría

Así las cosas, con tanta debilidad y corrupción en las instancias vinculadas al sistema de Justicia, lo más prudente, estiman los expertos consultados, sería no instaurar la pena de muerte, a pesar de que la rabia de la población es intensa contra los criminales que están llegando a niveles de brutalidad insospechados.

Pero es ahora que se necesita ver el asunto con frialdad, en lugar de verlo con a lupa del populismo.

“El dolor, la indignación de ver tanto crimen y hoy que ni a los niños respetan, con la cabeza caliente dan ganas de matar a los delincuentes, pero con la cabeza fría se da cuenta que no es la solución acertada”, aseguró Manuel Landaverde, estudiante de derecho.