martes, 17 de agosto de 2010

Gobierno dará apoyo para renovar el 20% del parque cafetalero


Tomado de: LA PRENSA GRÁFICA

Escrito por Keny López de Carballo

Sábado, 14 agosto 2010 00:00

El parque cafetalero del país podría tener un rostro más fresco dentro de cuatro años. Una de las apuestas del Gobierno es ayudar a los productores a renovar el parque de café con al menos 80 millones de plantas en los próximos cuatro años.

El programa iniciará en la cosecha 2010/2011 (del 1.° de octubre 2010 al 30 de septiembre 2011), y consiste en aportar $0.30 por planta de café sembrada. Ana Elena de Escalante, directora ejecutiva del Consejo Salvadoreño del Café (CSC), explicó que el aporte será para cubrir hasta 100 plantas de café por manzana de un mismo productor por año y que para el primer ejercicio se financiará hasta 16 millones de plantas. "Se espera dar atención a más de 114,000 manzanas de cafetales, esto significa la renovación del 20% de las áreas productivas", indicó.

Según datos de la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFE), el parque cafetalero envejecido necesita una resiembra de 25 millones a 30 millones de árboles en los próximos cuatro años. Las actividades de renovación y repoblación se aplican a entre el 1% y el 5% de la superficie cafetalera.

La edad promedio del parque cafetalero es de 33 años, y de acuerdo a PROCAFE, solo un 25% o 30% de los cultivos de café del país están en óptimas condiciones.

En ese sentido, Hugo Flores, viceministro de Agricultura y Ganadería, destacó que es bien conocido que la vida útil del parque cafetalero del país está llegando a sus límites y que esto desemboca en una baja productividad. "Por eso estamos iniciando a partir de este año la renovación de ese parque cafetalero en el país, esto repercutirá en un incremento en la producción que también se va a traducir en mejoras económicas, en mayor empleo y por supuesto en mejores ingresos para los caficultores", destacó.

Por su parte, Esther Eskenasy, analista de la Asociación Nacional de Café de Guatemala (ANACAFE), destacó que tener incentivos para renovar es una oportunidad que se debe de aprovechar, ya que muchos países tienen problemas por el envejecimiento del parque a causa de la crisis financiera. "El productor ha tenido que escoger entre darle de comer al cafetal o comer él", detalló.

De hecho, se reporta que las existencias de café en los países productores están en el nivel más bajo de 50 años. En el caso de Vietnam, ejemplificó Eskenasy, se necesitan $100 millones para renovar cafetales. A esto se le suman las sequías que han provocado una baja en la producción y en la calidad del grano.

"Muchos países no tienen incentivos para incrementar la producción, tal es el caso de África. En Etiopía, la semilla de ajonjolí desplazó las exportaciones de café", manifestó la analista.

Se estima que con la renovación del parque cafetalero –que en total suma 200,000 manzanas– la producción podría incrementar en 250,000 quintales en cuatro años y esto significaría la creación de al menos 11,000 empleos.

Para este año cafetalero venidero se tiene previsto que El Salvador produzca 2.1 millones de quintales de aromático. Por el momento, las lluvias no preocupan a los cafetaleros pero se mantienen cautelosos si estas persisten entre octubre y noviembre. "Si llegan esos meses y aún continúan las lluvias podría arruinarse parte del grano, pero esperamos que haya suficiente mano de obra para poder cortarlo y que la pérdida sea mínima", acotó la directora ejecutiva del CSC.

El café en el mercado

El café ha tenido un reporte en el precio no visto en años, desde el 9 de junio pasado, cuando el contrato C (arábica suave lavada, que se produce en El Salvador) alcanzó $140 el quintal.

En la jornada de ayer, el café arábico cerró en alza y se acercó a su mayor nivel en 12 años y medio alcanzado este mes, a $1.8155 por libra ($181.55 por quintal) que marcó a inicios de este mes, pero limitó sus ganancias y cerró con un alza de $0.05, a $1.7760 por libra.

"Creo que esta tendencia alcista va a seguir", señaló Esther Eskenasy. Parte de las causas es que las tiendas de comida rápida se pasan al café 100% arábica de calidad, dijo la experta.

Eskenasy agregó que es un buen momento para vender el grano, pero recomendó proteger la tendencia alcista o vender cuando el mercado dé señales técnicas.

sábado, 7 de agosto de 2010

Exportadores: plan del Gobierno es insuficiente


Tomado de: LA PRENSA GRÁFICA

Escrito por María José Saavedra

Jueves, 05 agosto 2010 00:00

El sector exportador salvadoreño teme que los $175 millones que el Gobierno ha anunciado para los cuatro años que restan de la administración de Mauricio Funes, destinados a la Estrategia Integral de Fomento a las Exportaciones, no serán suficientes para impulsar al rubro.

La Corporación Salvadoreña de Exportadores (COEXPORT) ha manifestado que el monto dividido en el desarrollo de los 21 instrumentos de los que se compone la estrategia podría ser muy poco y tendrá un impacto leve.

"Si se pone como ejemplo, la herramienta del bono al empleo según nuestros cálculos permitirá una cobertura de unos 4,000 empleos y los perdidos son como 28,000, eso por ejemplo en su presupuesto se queda corto. Recordemos que el primer objetivo es generar empleo y por lo tanto debería ser mucho mayor", expresó Francisco Bolaños, presidente de COEXPORT.

La gremial insiste en que la estrategia y la cantidad destinada son un buen comienzo, pero les preocupa que algunos programas o instrumentos tengan un alcance limitado y no logren sacar de la depresión al sector, cuyas cifras de crecimiento son similares a las vistas en 2008, cuado aún la crisis económica global no había impactado del todo al país.

"Esos $175 millones de los cuales $70 son para la línea de financiamiento y del fondo de garantía nos deja más o menos $95 millones para los cuatro años que equivalen a $24 millones para cada año, y eso es como lo que se daba para el 6% (del drawback)", señaló Bolaños.

La administración de la línea de financiamiento de $50 millones por la banca privada se suma a las preocupaciones del sector con la estrategia, agrega Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la corporación.

"La línea va a ser manejada a través de la banca privada, esperamos que esté en toda la disposición de ofrecer este fondo como tal", señaló Cuéllar.

Monto por componente

El viceministro de Economía, Mario Roger Hernández, manifestó que el sector no ha comentado nada al respecto de las preocupaciones y recalcó que la estrategia ha sido diseñada para distribuir $175 millones en el período de la administración Funes. El trabajo que prosigue luego de concretar el documento es variar las cantidades destinadas a cada instrumento en el primer borrador del instrumento.

"Esa es la propuesta del Plan Quinquenal, pero también estamos negociando un fondo con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), por eso no podemos anunciar cuánto van a tener los programas, lo que hay que ver también es la capacidad de implementación de las instituciones porque no vale la pena dar $10 millones si no los va a poder ejecutar", dijo Hernández.

La redistribución de los montos pronto se conocerá, añadió.

martes, 27 de julio de 2010

“Esta es la fase light de la reforma”



Entrevista con Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva

Tomado de: EL FARO

¿Qué es esta reforma que encuentra rechazos en algunos sectores empresariales? Es una de dos partes, la suave, y falta "la parte fuerte", dice el presidente del BCR. En esa parte fuerte probablemente se llegue a tocar el impuesto de renta y hasta el IVA. Acevedo responde a las críticas de los detractores de la reforma, como Fusades, que según él sale con argumentos "tontos" y "espurios".

Por: Sergio Arauz

cartas@elfaro.net

Publicada el 18 de noviembre de 2009 - El Faro

Sabemos que las reformas pretenden recaudar más dinero, pero ¿qué objetivo hay detrás de la reforma?

Responde al propósito de dar mayor equidad al sistema tributario y mayor eficiencia. Son dos principios básicos que deberían de regir el sistema tributario del país. La reforma apunta a mejorar los dos aspectos. Ahora, en términos de alcances recaudatorios es muy modesta, pero esto no es... son cifras relativamente modestas, si al final es un punto del PIB, en el mejor de los casos.

¿250 millones?

De 230 a 250 millones. Algunas reformas tienen posibilidades de recaudar un poco más, como las matrículas a los vehículos. He visto el cuadrito, pero no tengo en mente las cifras de lo que cada reforma daría.

¿Esta es la reforma necesaria?

Es el inicio del proceso de pacto fiscal, en el cual hay que comprometerse a reformas de fondo.

Me interesa dimensionar este pliego de reformas.

Esta es la fase light de la reforma.

Ahorita es fase light.

Ajá, falta la fase fuerte.

¿Esta es una parte de cuántas partes?

Esta es la fase light, luego vendría la fase fuerte, dependiendo de cuánto dé esta, de repente esta da más de un punto del PIB.

¿Qué alcances tiene esta fase?

Quiere llegar al punto del PIB, pero El Salvador necesita subir su carga tributaria en un mínimo de tres puntos, entonces como mínimo faltaría buscar dos puntos del PIB adicionales, y esos hay que buscarlos con otros mecanismos fiscales o tributarios.

Esta primera fase pretende un punto de los tres que quieren aumentar en el quinquenio.

Es que de hecho con esta fase se piensa recuperar lo que se perdió con la crisis este año. Queremos volver a tener lo que se tenía antes de la crisis. En la medida en que la economía se vaya recuperando, no solo se va a volver al nivel de carga tributaria precrisis, tal vez se estaría subiendo otro punto.

¿A quién va dirigida?

Va dirigida a quienes han estado evadiendo o eludiendo... También va para ciertos sectores que por razones de su negocio deberían de pagar más, quizá no ellos directamente, sino a la actividad a la que se dedican, como el caso de los licores, que no lo van a pagar ellos, lo van a pagar los consumidores. Igual que los vehículos, no lo van a pagar los distribuidores de vehículos, sino los consumidores. Son actividades o bienes que no han estado tributando lo que deberían de tributar.

Para ustedes es correctivo.

Exactamente. El caso de los vehículos puede ilustrar bien. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, si vos introducís al país, el impuesto que debe pagar debe hacerse con base en la factura comercial del vehículo, no con base en lo que Hacienda desearía, como dice el libro azul. Voy a Estados Unidos, me compro un Ferrari que cuesta un millón de dólares, pero consigo que en la factura me digan mire, costó mil dólares. Aunque yo y Hacienda sepa que no vale mil dólares, yo puedo exigir que Hacienda me cobre impuestos sobre lo que dice la factura. De acuerdo con lo que dice la OMC, debo de pagar de acuerdo con el precio de mil dólares, pero para que pueda circular, necesito matricularlo, y ahí la OMC no interviene, es decisión soberana del país, entonces ahí me van a cobrar lo que yo no pagué al introducirlo. Eso se trata de corregir, que la gente por circular vehículos pague lo que no pagó por meterlo.

Va dirigida a los que consumen licores, los que compran vehículos caros, yates, aviones y...

... Los que tienen cuentas de ahorro por más de 5 mil dólares.

Sobre el interés que ganen esas cuentas de más de 5 mil dólares, el fisco cobrará una tase de 10%.

Así es.

¿A qué otro tipo de personas afectará?

Está muy focalizada en estratos no pobres, los pobres podrían salir indirectamente afectados en la medida en que los directamente afectados quieran trasladar vía precios a sus clientes esos mayores costos. Pero no veo realmente el impacto a los pobres.

¿Cuál de los 14 cuerpos legales que vienen afecta directamente al empresario y a su productividad?

En términos estrictamente técnicos, cualquier impuesto afecta la productividad en la medida en que afecta las utilidades, y le da al empresario menos margen para invertir. Ahora, saltar de ahí a decir: van a quebrar empresas, se va a ir la inversión o el país se va a hacer menos atractivo para atraer inversión, eso es absurdo. Brasil tiene la carga tributaria más alta y es el que más inversión está jalando. Se va a ir si hay otro tipo de costos de transacción más altos.

¿Hay alguien de algún sector empresarial al que le afecte y haya dicho: con esta carga ya no voy a producir?

No, no que yo sepa. En el caso del draw back (devolución al empresario de un 6% del valor de la mercadería que exportó), ahí ha habido abvertencias de empresas que han estado recibiendo el draw back que dicen que si se les quita, cierran el negocio, se van. Ahora, nosotros les estamos diciendo a esas personas, el ministro de Hacienda y los del gabinete económico: pruébenme que realmente con estas medidas van a salir del negocio y nosotros lo reconsideramos. Pero mientras no lo prueben, no hay base. Muéstrennos que su estructura de costos y márgenes de utilidades se van a ver tan afectados que van a tener que salir del negocio. El gobierno está abierto a eso y, hasta donde sé, ninguna empresa lo ha probado.

¿Hay alguna empresa que usted conozca que esté pensando en retirarse?

No, no que yo sepa.

¿Y han detectado alguna crítica, a su juicio, razonable ?

El ministro recibió información de diversa gente de que los restaurantes no pagan las propinas, es decir, lo que cobran de propina lo ocupan para pagar sueldos. Si es así, tiene sentido aplicar el 13% de factura total. Si fuera totalmente propina, entonces no tiene sentido cargar ese 13%. Ahí el ministro dice, bueno, si es propina, lo quitamos. No es un punto de honor para el ministro, de todas las reformas es la que más facilmente se puede quitar.

Usted dice que esta es la fase light. ¿Qué cuerpos de ley de estos 14 pliegos que mandarán a la Asamblea son las columnas vertebrables de la reforma? ¿Qué puntos no son negociables?

No pensaría que hay como una columna vertebral, creo que hay pequeños soportes, pero podés quitar algunos de ellos y la reforma se mantiene. No hay una columna que si la quebrás se desmorona la reforma. Hay algunos temas, por ejemplo en las deducciones, que potencialmente tienen un alcance más fuerte, pero ya habría que verlo en la práctica.

Explíqueme eso.

Ya lo ha manejado el Ministro de Hacienda: cuando un empresario carga la gasolina de su yate para uso de la empresa y esto le deduce el ingreso imponible, eso le reduce el impuesto, entonces eso no es válido, para mí eso es evasión... ahora, con la reforma eso se quita, todavía no sabemos cuál es el alcance de todos los gastos que los empresarios realizan a título personal y lo cargan a nombre de las empresas y le deducen del pago de impuestos. Yo hice un estudio sobre el monto imponible y la renta bruta. Ahí descubrimos que El Salvador, con respecto a otros países y sus legislaciones, permite las mayores deducciones, y esta reforma cierra deducciones que no aplican. Eso puede tener un potencial recaudatorio mucho mayor del que creemos, de ahí puede salir un punto del PIB, solo en eso, pero hay que verlo en la marcha. Habría que hacer un estudio a fondo. Algo está ocurriendo que aquí se permite que las empresas se deduzcan mucho más que en otros países.

En el área de control, ¿qué va? En la reforma de Guillermo López Suárez, por ejemplo, estaba incluido poner en línea las cajas registradoras de los comercios con el ministerio de Hacienda. ¿Ya están en línea? Porque eso se había aprobado.

El ministro López Suárez trabajó en eso, pero no sé, ahí se está proponiendo algo así, pero no sé....

¿En qué sentido se propone?

Se propone que estén en línea las empresas que tienen volúmenes de venta muy fuerte. Lo que pasa es que en esto hay evidencia anecdótica, rumores, pero en otros países los supermercados tienen sus máquinas registradoras conectadas, pero a la vez hay una o dos que no están. En esas una o dos o tres todo lo que se factura no hay manera de verlo.

¿Aquí no hay ninguna conectada?

No, así directamente a Hacienda no.

¿Con esta reforma se van a conectar?

Esa es la idea.

¿En qué parte está eso?

(Revisa en los pliegos) Podría ser... la voy a buscar.

Bueno, me avisa luego. Otra cosa. ¿Qué le dice usted a los empresarios que alegan que con esta reforma los quieren ahorcar o los acosan?

Eso no es cierto, esto es para los empresarios que no quieren pagar. Ahí se amplía la base tributaria para quienes están evadiendo. Para mí un empresario que carga la gasolina de su yate para deducirse impuestos en su empresa cae en evasión. Aprieta mucho a evasores. Aumenta las penas en el Código Tributario para quienes evaden.

Otra cosa: entiendo que en los depósitos para perfeccionamiento activo y zonas francas hay sospechas de que algunos productos no se exportan y entran al mercado local sin pagar impuestos. Eso es defraudación.

Sí, exactamente. Son cosas que ocurren.

¿Qué han identificado de esa práctica?

Lo que pasa es que en el sentido general la defraudación al fisco incluye todo eso, no recuerdo si específicamente en algunas de las reformas está contemplada esa práctica particular. Tengo que terminar de leer bien a detalle todo este paquete.

¿Y en control y cobro qué tenemos? Usted sabe que en el Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda había resoluciones que haría decir a cualquier experto en impuestos "¡huy, aquí o son ciegos o son tontos o son corruptos!"

Digamos que algunas de las sanciones (incluidas en la reforma) van en esa dirección, para quien de alguna manera es cómplice de defraudación al fisco.

La reforma incluye la creación de los Tribunales Penales Tributarios y de Aduanas. ¿Qué es eso?

La idea es que la estructura del sistema judicial no es muy ágil en esas cosas y no es eficiente para tratar temas de defraudación al fisco y contrabando y otro tipo de prácticas. La creación de este tipo de tribunales le daría mayor eficiencia.

¿Sustituirían al Tribunal de Apelaciones?

Darían como mayor garantía de dirimir los conflictos de Hacienda, pero es que ese tema todavía estaba en debate, aún no sé cómo va a quedar. Una vez aprobados no deberían de tardar más de unos tres o seis meses, pero eso depende de procesos burocráticos del país, porque uno piensa que pueden durar tres meses y duran años.

Con los detractores que ya se manifestaron, ¿en el gabinete económico tienen certeza de que la reforma se aprobará?

Es la esperanza y la intención del gobierno.

¿En la Asamblea hay disposición a aprobar la mayoría de cuerpos legales o temen en el gobierno que solo se apruebe una parte?

Con las escisión de Arena hay mayores posibilidades, ayuda un poco más a pasar la reforma. El gobierno le está apostando a que tiene la aritmética legislativa necesaria para pasar la reforma. Hemos visto las reacciones de un montón de analistas... bueno, Fusades se ha opuesto a esto con argumentos espurios, sobre todo en el caso de Fusades que ha gastado tanto en bastantes estudios con bastantes recomendaciones fiscales y ahora traicionan todos esos estudios que diversos especialistas han venido recomendando.

¿Un ejemplo?

Vaya, ahora vienen con el argumento de que ahora no es el momento, que esto va a contribuir a la recesión, que es una caída temporal... es un argumento especialmente tonto de que hay una caída temporal de los ingresos y por eso no amerita la reforma fiscal. Cuando los estudios de Fusades anteriores han dicho que el país necesita un carga tributaria de 15, 16, 17%. Claro que hay una caída temporal de los ingresos, pero eso no tiene que ver con que este gobierno necesite aumentar la recaudación.

Eso dicen algunos, que en el gobierno están asustados por la caída de ingresos de este año, pero que se van a recuperar.

Claro que pueden recuperarse, pero el país necesita una reforma fiscal que vaya más allá. Hay una caída temporal de ingresos, es cierto, pero el problema fiscal no es coyuntural ni temporal, El Salvador tiene un problema fiscal estructural. Aunque se volviera a la recaudación tributaria de antes, igual es necesaria una reforma fiscal. Eso es lo que Fusades ha venido diciendo en todas las estrategias quinquenales, y ahora salen con ese argumento de que no se necesita reforma fiscal para aumentar los ingresos porque es una caída temporal. Como si cuando se recuperen los ingresos ya todo va a estar bien.

Ya. ¿Qué cree de ese cambio de postura?

Cuando ves quiénes están ahí en la comisión del DEES (Departamento de Estudios Económicos y Sociales), empezás a entender por qué están pensando de esta manera ahora.

No entiendo.

Te voy a enseñar algo... (Va a sacar el último informe de coyuntura de Fusades). Mirá a las personas que están ahora en la Comisión de Estudios Económicos y Sociales ahora: Rafael Barraza, María Eugenia Brizuela... Ricardo Hill, Miguel Lacayo, Luis Membreño...

... Orellana Milla...

Vaya, varios de ellos están hablando ahora en contra de la reforma fiscal, entonces con esa gente, ¿qué otra cosa podés decir en un informe de estos?

¿Qué me quiere decir? ¿Que tienen afiliación política o partidaria?

Que es difícil que Fusades pueda hacer un estudio objetivo -en este caso en materia fiscal-, cuando en la Comisión de Estudios Económicos y Sociales por la que pasa cualquier estudio hay gente que tiene claros intereses para estar en contra de la reforma.

¿Qué intereses?

Miguel Lacayo, pensá en los que están hablando en contra abiertamente, los críticos. Rafael Barraza, la gente del sistema financiero...

¿Son a los que va a afectar la reforma porque no pagaban todos los impuestos?

Digamos que por un motivo u otro sienten afectados sus intereses y forman parte del Cómite de Estudios de Fusades que aprueba este estudio. Lo que quiero decir es que no podés esperar que ese estudio diga que la reforma está muy bien. Van a saltar 10 gentes ahí que van a decir no por una u otra razón. El otro es que no puede tener objetividad Fusades a la hora de analizar las cosas.

¿Y antes sí la tenía?

Había más margen de maniobra... José Carlos Bonilla es el presidente de la Comisión y José Carlos Bonilla es un mercenario de La Constancia...

¿Ah?

Yo no lo he escuchado a él, pero seguro que está visceralmente opuesto al tema que le afecta.

¿Cuando usted estaba ahí era otra correlación?

Totalmente, para empezar, todos los funcionarios que están ahora no estaban. Rafael Barraza, Miguel Lacayo, María Eugenia Brizuela... el presidente de la comisión era Mauricio Choussy, eso puede hacer la diferencia, él era un tipo sumamente técnico y objetivo, si salía alguien defendiendo intereses lo ponía en línea y ahora el presidente es el primero que va a salir a defender intereses.

Mire, como usted dice que esta es la fase light, ¿cómo será la fase hard core?

Muchos acusan a esta reforma de contradecir la promesa del presidente de que no se iba a aumentar impuestos. En realidad lo que el presidente había dicho es que no se van a aumentar impuestos mientras no se agoten otras vías de aumento a la recaudación. Aquí hay una corrección, pero cuando el presidente decía no se van a aumentar impuestos se refería a aumentar a la renta y al IVA, que tienen más impacto sobre la población. Ahora lo que hay que ver es lo que puede dar esta reforma, ya te dije, creo que un punto del PIB. Pero el país necesita aumentar tres o cuatro puntos. Esto lo digo porque el mismo ministro de Hacienda lo ha dicho: eventualmente vamos a tener que llegar al IVA o a la renta, probablemente.

¿En la administración de Funes?

Esta sería la segunda parte, la fase hard core de la reforma. Impuesto predial, El Salvador y Cuba son los únicos países que no tienen impuesto predial, también renta mundial... Lo que podría formar parte sería un ajuste del IVA, de dos o tres puntos, un ajuste de renta. Aunque El Salvador, con excepción de Guatemala, es el que tiene el IVA más bajo de América Latina. México acaba de subir IVA, España acaba de subir IVA... El Salvador tiene una carga tributaria muy baja

jueves, 22 de julio de 2010

La crisis de la ideología de mercado y el regreso de la política ambiental


Tomado de: Alainet

Por Eduardo Guynas

La actual debacle económica global ha puesto en serio cuestionamiento las ideas convencionales sobre el mercado. Su ampliación abusiva, la creación de nuevos instrumentos financieros, y la ausencia de regulaciones amparando la especulación, han llegado a su propio límite.

Pero un aspecto que está pasando desapercibido es que este colapso de las ideas convencionales también tiene una dimensión ambiental, la que debería ser abordada cuanto antes. Las posturas ortodoxas que crearon los instrumentos derivados y los mercados a futuro, han sido las mismas que promovieron la ampliación del concepto de mercadería hasta incluir a la Naturaleza bajo la forma de los llamados "bienes y servicios ambientales".

Surgió el rótulo "capital natural" y proliferaron los métodos para calcular el precio de las plantas, los animales, y hasta de los ciclos ecológicos. La Naturaleza, ahora dividida en partes, no sólo debía estar revestida de precios sino que también debía contar con dueños, y por lo tanto se ampliaron los regímenes de derechos de propiedad. De esta manera se cerró un círculo de que permitió acorralar a la Naturaleza en el mercado.

La consecuencia fue la desaparición de las políticas ambientales como políticas, para ser suplantadas por una gestión ecológica orientada por los análisis de costos y beneficios económicos. Se crearon nichos "verdes" en los mercados y se inventaron instrumentos financieros ambientales.

El ejemplo más reciente es el mercado para "créditos" de carbono como instrumentos de lucha contra el calentamiento global. Se aseguraba a las empresas un incentivo económico para que no contaminaran, sin poner bajo cuestión la esencia de sus procesos productivos y sus impactos.

En ese mercado, los países del sur terminaban reforzando su papel subordinado al aceptar el dinero de esos créditos de carbono, compiten entre ellos en su precio y nada asegura su efectividad ecológica.

Las posturas reduccionistas también se aprovecharon de la buena intención de muchos ambientalistas que insistían en reconocer la contribución económica de la Naturaleza. Se recordaba, por ejemplo, que los aportes económicos de la agricultura dependían de proteger la fertilidad del suelo y la disponibilidad de agua. Pero en lugar de comprender esa interdependencia, se buscó generar nuevos mercados, privatizándose el agua o asignándose derechos de riego que podían ser comprados o vendidos.

A la par que aumentaba la burbuja financiera en Wall Street, desde donde se comercializaban sin controles los contratos financieros, conocidos como instrumentos derivados, se consolidaba la invasión de esos razonamientos en el campo ambiental. En 2002, en la Cumbre de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible, se terminó legitimando las ideas de los bienes y servicios ambientales en el mercado. Los países latinoamericanos apoyaron esa perspectiva. Rápidamente proliferaron todo tipo de estudios de valoración económica, se crearon los mercados para comercializar permisos de contaminación, y se experimentaron instrumentos económicos verdes.

Es bajo ese contexto que explotó la crisis financiera en octubre de 2008. Hoy todos sabemos que esos instrumentos que trasladaban riesgos y deudas se desplomaron. Pero al mismo tiempo la propia capacidad de calcular el valor económico se resquebrajó.

En este momento hay una gran volatilidad y desconcierto en saber cuánto valen las cosas. Por ejemplo, las acciones del gigante transnacional General Motors pasaron de casi US$ 40 hace un año atrás, a poco menos de cinco dólares en estos días. Frente a esta incertidumbre en las valuaciones del capital en sus expresiones tradicionales, es legítimo preguntarse qué puede esperarse de los intentos de ponerle un precio al capital natural.

En efecto, desde hace mucho tiempo se ha advertido sobre las enormes incertidumbres y la gran diversidad de resultados en la valoración económica. Esas voces quedaron enmudecidas detrás del coro de los defensores del mercado, pero la crisis actual obliga a tomarlas en serio.

La valuación económica convencional también se acopla con las metodologías clásicas de costo y beneficio, y por lo tanto la gestión ambiental queda atrapada en los objetivos de rentabilidad, que se imponen sobre las metas de conservación. De esta manera la "política" ambiental se reduce en una "gestión" ajustada a criterios de beneficio y utilidad en manos de los privados.

Esa corriente desembocó también en posturas fatalistas. Un ejemplo son las propuestas de Conservation International para la Amazonia que consideran inevitable la pérdida de los bosques tropicales, renunciando a un desarrollo armonioso y balanceado con el ambiente, y por lo tanto su única alternativa sería vender bienes y servicios ambientales en los mercados globales para obtener el financiamiento necesario para asegurar una red de áreas protegidas.

Hay una tensión constante en este tipo de propuestas ya que dependían en colectar algunos excedentes en el mercado global, mutando la esencia de las medidas de conservación en instrumentos de mercado capaces de atraer esos inversores y asegurando una rentabilidad.

La crisis actual también ha dejado en entredicho todas estas posturas. Por un lado, el desplome del capital disponible y las restricciones al crédito que se vivirán en el futuro inmediato limitarán seriamente los fondos disponibles para los mercados ambientales paralelos. En otras palabras: las grandes empresas apenas tienen fondos disponibles, y por lo tanto no habría que hacerse muchas ilusiones en que lo dedicarán a la caridad social o el marketing verde. Pero por otro lado, este fenómeno también contribuye a poner en entredicho los fundamentos ideológicos que redujeron la Naturaleza a mercancías, y la política a una gestión ensimismada con lo económico.

Las nuevas circunstancias que se están generando a escala global deben ser aprovechadas para salir del reduccionismo del gerenciamiento y volver al campo de una política ambiental. Esto implica reconocer que la temática ambiental depende sobre todo de una construcción política, y en particular debe ser una política pública. Esto no implica anular la gestión, sino que se la debe volver a poner bajo un proceso de decisiones políticas. En otras palabras, el mercado debe estar bajo regulación social.

Alan Greenspan, el "oráculo" de Wall Street, mientras fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, rechazaba cualquier tipo de control, sosteniendo que los "riesgos en los mercados financieros, incluidos los mercados de los derivados, los están regulando las partes privadas". En pleno apogeo de la crisis debió admitir que al menos estuvo "parcialmente" equivocado cuando apostó por la desregulación.

Por lo tanto es necesario implantar una regulación social que debe ser construida como una política. Bajo esta perspectiva, la política ambiental se asemejaría, por ejemplo, a lo que se espera en el terreno de la educación o la salud pública.

No se puede generar una política ambiental dependiente de la rentabilidad de cada emprendimiento, sino que se la construye en atención a metas y compromisos sociales compartidos y que deben ser cumplidos independientemente de su costo. Esos objetivos no están en generar beneficios económicos sino en asegurar la calidad del entorno y la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, la actual crisis debe ser entendida como una oportunidad para recuperar esta discusión y avanzar al fortalecimiento de esa dimensión política del debate ecológico en América Latina.

- Eduardo Gudynas es investigador en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina), en Montevideo (Uruguay).

jueves, 15 de julio de 2010

Un vistazo a las cuentas del Sector Público Costarricense




Por: Julián Salinas

La eficacia de la política fiscal depende del adecuado manejo de tres de sus componentes fundamentales la política de ingresos, la política de gastos y la política de endeudamiento. Dentro de estas sin duda es la política de ingresos la determinante, porque constituye la base financiera de las demás.

En base a lo anterior es posible sostener, que un saludable endeudamiento público y una política de gastos que se corresponda con las demandas socioeconómicas de la sociedad Costarricense, supone una política tributaria sostenible capaz de hacer frente a un horizonte estratégico de la política económica, máxime cuando existe una política monetaria austera centrada básicamente hacia el control de la inflación.

Estas ideas permiten introducir al debate de la vigente propuesta de reforma tributaria, donde es pertinente analizar las circunstancias actuales en que se encuentra Costa Rica y las perspectivas intrínsecas que plantea la propuesta de reforma.

Costa Rica para el 2008 registraba una recaudación tributaria como proporción del PIB de 15.3%, de modo que entre 2000 y 2008 esta experimentó un crecimiento de aproximadamente tres puntos porcentuales, ubicándose en la posición ocho de una muestra de 20 países en el nivel latinoamericano, la cual se considera una posición relativamente privilegiada.

Por otra parte es aclarar, que las sociedades poseen demandas diferenciadas acorde a los niveles de consumo público, así como de la estructura de apoyos socioeconómicos, lo que constituye a fin de cuentas, la referencia que debe primar (mas que comparase con otros países); además, las economías en cuanto mayores niveles de desarrollo presenta, mayores son las tasas de recaudación impositiva que reflejan.

Así mismo, la recaudación fiscal podría ser mucho mayor, considerando que existe una elevada evasión fiscal que se registró de 64% para el 2007 (siendo esta una de las más bajas) lo que pone en evidencia serias dificultades para la recaudación, limitando al estado su capacidad presupuestaria que otrora significaría mayores beneficios para las familias costarricenses, menor en endeudamiento y más empleo; sobre todo cuando son recursos que los ciudadanos ya han desembolsado.

Esta es una de las grandes debilidades que presenta el sector público Costarricense y el gobierno debe procurar hacer frente a dicha problemática antes de plantear cualquier modificación en la carga y en la base tributaria.

En Costa Rica, el gasto público como proporción del PIB para el 2008 fue de 15.7% sin embargo de este porcentaje el 13.5% se destina para gasto corriente y se destina tan solo el restante 2% para inversión pública lo que cuestiona en definitiva la calidad del gasto público, el cual no se está aprovechando para obras de infraestructura o inversión social de manera eficaz. Esto refleja otra debilidad de la política fiscal.

En torno a las características de la estructura impositiva se observa tendiente a la regresividad, observándose para el 2008 que los impuestos indirectos representaron el 8.7% del PIB; mientras que los directos constituyeron tan solo un 4.5% del PIB, aspecto que pone al descubierto un carácter regresivo, cargando fundamentalmente al consumo.

La regresividad lo que dice es que la tributación Costarricense poco discierne de la capacidad de pago de las familias Costarricenses, por ejemplo si una familia gana 100,000 colones y otra familia gana dos millones de colones y ambos compran 10 mil colones en el supermercado el pago de impuestos será la misma para ambas familias sin importar quién gane más.

Este aspecto constituiría otra debilidad del sistema tributario que es pertinente tomar en cuenta. De este modo se identifican tres aspectos significativos por consolidar en el sistema tributario para hacerlo más justo y eficaz y que servirá de base para evaluar la propuesta de reforma fiscal vigente.

El endeudamiento público por ser hasta el momento relativamente manejable, habiéndose presentado déficit fiscales no tan elevados, se tomará como una discusión indirecta en el sentido de que si los ingresos y gastos son manejados de forma consistente el endeudamiento también reflejará dicha responsabilidad fiscal. Recientemente el endeudamiento del sector público como proporción del PIB se ha reducido del 60% en 2004 al 40% en 2008 una disminución considerable.

La reforma fiscal en este sentido plantea según el ex ministro de hacienda "Guillermo Zuñiga" tres directrices, cambios a las leyes aduaneras, modificaciones al impuesto sobre la renta y además el proyecto del IVA. El ex ministro plantea esta reforma en etapas orientadas a diversos objetivos.

Los objetivos plasmados en esta reforma son muy pertinentes; dado que es necesario ampliar las capacidades presupuestarias del estado aspirando a una recaudación fiscal del 18% del PIB eso daría un oxígeno financiero al estado para disponer de una política económica fuerte.

El tema polémico de esta propuesta pese a que existe concordancia con los objetivos, es que no se da la adecuada preponderancia a los tres problemas fundamentales identificados en este análisis: evasión fiscal, regresividad de la estructura tributaria e ineficiente gasto público. En este sentido, es necesario replantear algunos de los medios primando aquellas debilidades que es necesario resolver, antes de considerar una ampliación de la carga y la base tributaria.

Para ello deben existir reformas encaminadas a resolver estos aspectos. El combate a la evasión es un componente fundamental de reforma, para lo cual se debe generar un marco jurídico que penalice estas prácticas, así como eficiencia en los procesos administrativos de recaudación e investigación fiscal capaz de identificar la manera en que se realiza dicha evasión, es decir, una reingeniería que haga más eficaz la recaudación.

Es de mencionar que si se combate la evasión fiscal eso indirectamente contribuye a mejorar la progresividad en la recaudación, porque el impuesto sobre la renta es de los que aparentemente presentan altos niveles de evasión. Así mismo debe aspirarse a generar una conciencia ciudadana para inclinar un poco la balanza hacia los impuestos directos, congruente con una discusión ética de privilegio de las familias con menos capacidades productivas.

Finalmente la política fiscal no es solamente ingreso, también hay que poner particular atención a los gastos, tomando en cuenta que debe buscarse cambiar la composición del gasto hacia la inversión pública que contribuye a ampliar la capacidad productiva de un país, así como también, crea una infraestructura de apoyo socio institucional que propenda al mejoramiento de los indicadores sociales y el fortalecimiento de la investigación y desarrollo.