El dólar y el dragón

Tomado de: CONTRAPUNTO

Por Joseph S. Nye

CAMBRIDGE – Desde hace varios años, las autoridades norteamericanas vienen presionando a China para que reevalúe su moneda. Su queja es que un renminbi subvaluado representa una competencia injusta que destruye los empleos norteamericanos y contribuye al déficit comercial de Estados Unidos. ¿Cómo deberían responder entonces las autoridades estadounidenses?

Justo antes de la reciente cumbre del G-20 en Toronto, China anunció una fórmula que permitiría una modesta apreciación del renminbi, pero algunos congresistas norteamericanos aun no están convencidos, y amenazan con aumentar los aranceles a los productos chinos.

Estados Unidos absorbe importaciones chinas, le paga a China en dólares y China retiene los dólares, amasando reservas de moneda extranjera de 2,5 billones de dólares, gran parte en títulos del Tesoro de Estados Unidos. Para algunos observadores, esto representa un cambio fundamental en el equilibrio de poder global, porque China podría poner a Estados Unidos de rodillas si amenazara con vender sus dólares.

Ahora bien, si China pusiera a Estados Unidos de rodillas, podría infligirse un daño aún peor a sí misma en el proceso. China no sólo reduciría el valor de sus reservas conforme el valor del dólar decayera, sino que también pondría en peligro la continua voluntad por parte de Estados Unidos de importar productos chinos baratos, lo que implicaría pérdidas de empleos e inestabilidad en China.

Evaluar si la interdependencia económica genera poder exige analizar el equilibrio de las asimetrías, no sólo de un lado de la ecuación. En este caso, la interdependencia ha creado un “equilibrio de terror financiero” análogo a la Guerra Fría, cuando ni Estados Unidos ni la Unión Soviética utilizaron su potencial para destruirse mutuamente en un intercambio nuclear.

En febrero de 2010, furiosos ante las ventas de armas estadounidenses a Taiwán, un grupo de altos oficiales militares instaron al gobierno chino a deshacerse de los bonos del gobierno de Estados Unidos en represalia. Su propuesta fue desatendida. Por el contrario, Yi Gang, director de la administración estatal de divisas extranjeras de China, explicó que “las inversiones chinas en bonos del Tesoro de Estados Unidos son un comportamiento de inversión de mercado y no es nuestra intención politizarlas”. De lo contrario, el dolor sería mutuo.

No obstante, este equilibrio no es garantía de estabilidad. Siempre existe el peligro de acciones con consecuencias no intencionales, especialmente en vista de que uno podría esperar que ambos países tomen medidas para cambiar el esquema y reducir sus vulnerabilidades. Por ejemplo, después de la crisis financiera de 2008, mientras Estados Unidos presionaba a China para que permitiera la apreciación de su moneda, funcionarios del banco central de China comenzaron a decir que Estados Unidos tenía que aumentar sus ahorros, reducir sus déficits y tomar medidas para respaldar el papel del dólar como moneda de reserva con derechos especiales de giro emitidos por el FMI.

Sin embargo, China ladró más fuerte de lo que mordió. El mayor poder financiero de China puede haber incrementado su capacidad para resistir las súplicas norteamericanas, pero a pesar de las predicciones nefastas, su papel de acreedor no ha sido suficiente para forzar a Estados Unidos a cambiar sus políticas.

Si bien China ha tomado medidas menores para retardar el incremento en sus tenencias denominadas en dólares, no se ha mostrado dispuesta a arriesgar una moneda plenamente convertible por razones políticas internas. En consecuencia, es poco probable que el renminbi desafíe el papel del dólar como el principal componente de las reservas mundiales (más del 60%) en la próxima década.

Aún así, mientras China aumenta gradualmente el consumo interno en lugar de basarse en las exportaciones como su motor de crecimiento económico, sus líderes pueden empezar a sentirse menos dependientes que ahora del acceso al mercado estadounidense como fuente de creación de empleo, lo que es crucial para la estabilidad política interna. En ese caso, mantener un renminbi débil protegería la balanza comercial de una inundación de importaciones.

Las asimetrías en los mercados de divisas son un aspecto particularmente importante del poder económico, ya que están en la base del comercio global y los mercados financieros. Al limitar la convertibilidad de su moneda, China elude la capacidad de los mercados de divisas de disciplinar las decisiones económicas domésticas.

Comparemos, por ejemplo, la disciplina que los bancos internacionales y el FMI lograron imponer en Indonesia y Corea del Sur en 1998, con la relativa libertad de Estados Unidos –conferida por la denominación de deuda estadounidense en dólares- para aumentar el gasto gubernamental en respuesta a la crisis financiera de 2008. De hecho, más que debilitarse, el dólar se apreció ya que los inversores ven la fortaleza subyacente de Estados Unidos como un refugio seguro.

Obviamente, un país cuya moneda representa una proporción significativa de las reservas mundiales puede ganar poder internacional a partir de esa posición, gracias a mejores condiciones para el ajuste económico y la capacidad de influir en otros países. Como alguna vez se quejó el presidente francés Charles de Gaulle, “dado que el dólar es la moneda de referencia en todas partes, puede hacer que otros sufran los efectos de su mala gestión. Es algo inaceptable. No puede durar”.

Pero duró. La fortaleza militar y económica de Estados Unidos refuerza la confianza en el dólar como refugio seguro. Tal como dijo un analista canadiense, “el efecto combinado de un mercado de capital avanzado y una máquina militar poderosa para defender ese mercado, y otras medidas de seguridad, como una marcada tradición de protección de los derechos de propiedad y una reputación por pagar las deudas, ha hecho posible atraer capital con gran facilidad”.

El G-20 se está concentrando en la necesidad de “reequilibrar” los flujos financieros, alterando el viejo patrón de que los déficits estadounidenses equipararan los superávits chinos. Esto requeriría cambios políticamente difíciles en el consumo y la inversión -Estados Unidos tendría que aumentar sus ahorros y China, reducir su consumo interno.

Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana. Ninguna de las partes está apurada por romper la simetría de la vulnerabilidad interdependiente, pero ambas todavía pelean por tomar posiciones a la hora de dar forma a la estructura y marco institucional de su relación de mercado. Por el bien de la economía global, es de esperar que ninguna de las partes erre en sus cálculos.

(*) Copyright: Project Syndicate, 2010.

www.project-syndicate.org

El empleo en la industria textil salvadoreña

Tomado de: CONTRAPUNTO

Por Saúl Díaz Ortiz (*)

Análisis de la propuesta generadora de empleo en el rubro de las maquilas, presentada por CAMTEX

SAN SALVADOR-A principios del mes de mayo del presente año la industria textil salvadoreña, a través de la Cámara de la Industria Textil y Confección (CAMTEX), presentó una propuesta para crear más de 11,000 nuevos empleos. Estos nuevos empleos se generarían para llenar una demanda insatisfecha dentro del mercado textil internacional, luego de que el más reciente terremoto en Haití obligara a diversas fábricas de confección de dicho país a cerrar operaciones.

En tiempos de crisis y falta de empleo esta propuesta parece tentadora, sin embargo al analizar detenidamente como la industria textil quiere crear esos nuevos puestos de trabajo, podemos decir que, cuando menos, es una propuesta muy difícil de aceptar.

CAMTEX propone que los trabajadores de la industria textil modifiquen sus jornadas laborales y que pasen a ser de cinco días a la semana por ocho horas diarias y uno por cuatro horas; a tres días a la semana durante 12 horas diarias y uno más por 6 horas. Esta propuesta ha sido bautizada con el nombre de "jornadas 3.5X3.5".

Esta propuesta ha causado diversas reacciones de los actores involucrados. Los empresarios de la industria textil (conformada principalmente por las llamadas maquilas), expresan que además de crear una enorme cantidad de nuevos empleos, también existiría un tremendo incremento en la productividad de la industria lo que generaría beneficios para el país en términos de nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras. El tema para los empresarios textiles es tan beneficioso que el presidente de CAMTEX autonombró a esta industria como la "verdadera fabrica de empleos" del país (en clara alusión a la promesa electoral que el actual presidente de la República hizo cuando aún era candidato a la presidencia).

Por parte del Gobierno, el Ministerio de Trabajo (MINTRAB) se expresó en contra de la propuesta por catalogarla de inconstitucional (al cambiar de manera importante la jornada laboral). La ministra de trabajo, Victoria de Avilés, propuso que se mantengan jornadas de ocho horas diarias pero de dos turnos en cada día. En este sentido, con la propuesta del MINTRAB se trabajaría cinco días a la semana de 6:00AM a 12:00MD y otro turno de 2:00PM a 10:00PM.

Por su lado, las gremiales de trabajadores del sector han expresado su rotundo rechazo ante la propuesta de las jornadas 3.5X3.5. Dirigentes de las gremiales "Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador" y "Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador"; manifestaron que las razones por las que se oponen son, entre otras: el deterioro físico y mental que conlleva trabajar durante jornadas tan largas, especialmente dentro de las condiciones en las que se labora en el sector textil; y el rechazo por parte de los empresarios textiles de pagar horas extra y el pago extra por las horas de trabajo nocturno.

Luego de observar las reacciones de los actores involucrados en este tema, quisiera presentar algunos hechos por los cuales esta propuesta no es aceptable dentro de la realidad actual.

Es curioso que esta propuesta se haga pública a principios de mayo del presente año, muy cerca de la celebración internacional del día del trabajador. Esta celebración conmemora el gran logro que se obtuvo dentro de los Estados Unidos para que por ley la jornada diaria laboral no sobrepasara las ocho horas. Además también conmemora el recuerdo de los trabajadores que en Chicago pelearon por sus derechos y luego de una manifestación violenta fueron apresados y ejecutados posteriormente. Luego de esto sucedido en el año de 1886, la mayoría de países democráticos en el mundo iniciaron un proceso para establecer un marco legal que velará por este derecho de los trabajadores y trabajadoras.

En El Salvador, de acuerdo al artículo 161 del código de trabajo se establece claramente que "La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno, salvo las excepciones legales no excederá de ocho horas diarias, ni la nocturna de siete" (entiéndase por excepciones legales las horas extra, las cuales deben ser pactadas de común acuerdo con el trabajador en forma ocasional, debiendo por ley tener un pago superior a la jornada ordinaria). Esto se confirma al leer el artículo 38 de la constitución donde se estipula la misma duración de la jornada laboral: "La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de ocho horas y la semana laboral de cuarenta y cuatro horas". En este sentido, la propuesta de CAMTEX de las jornadas 3.5X3.5 es desde un principio inconstitucional, ya que incumple la duración máxima de la jornada laboral diaria, aun y cuando cumple la duración de la horas laborales semanales.

Sumado a lo anterior, es importante mencionar que dentro del sector textil salvadoreño, específicamente dentro de las fábricas llamadas maquilas, las condiciones laborales promedio dejan mucho que desear. En el año 2006 realice una investigación sobre este tema dentro de tres maquilas ubicadas en Antiguo Cuscatlán. De esa investigación pude concluir por entrevistas a varias trabajadoras que las condiciones laborales no cumplen muchas veces el mínimo establecido en cuanto a seguridad laboral, higiene e incluso derechos básicos (como por ejemplo poder ir al servicio sanitario cuantas veces sea necesario).

Por último, para evaluar la postura de los empresarios del sector textil se debe revisar sus argumentos principales. El primero consiste que se crearan un gran número de empleos y el segundo es que habrá un incremento en la productividad del sector.

El primer argumento es parcialmente verdadero, ya que el número de trabajadores y trabajadoras en el sector se duplicaría con esta medida, sin embargo serían empleos bajo condiciones laborales precarias y con jornadas tan largas que afectarían directamente al trabajador. En este sentido, un estudio publicado en el año 2007 por la Organización Internacional del Trabajo se destaca que jornadas laborales diarias excesivamente largas (mayores a ocho horas), pueden llegar a ocasionar problemas en la salud, en la vida familiar y accidentes del trabajador, además de una disminución de la productividad debido a la perdida de concentración y energía.

El segundo argumento, está mal planteado, ya que un aumento de personal distribuido en dos turnos solo incrementaría la capacidad de producción pero no necesariamente la productividad (producir más en menor o igual cantidad de tiempo). De hecho, debido a la jornada laboral diaria excesivamente larga la productividad tendería hacia abajo más que hacia arriba. En este sentido, el tema de la productividad en la maquila no ha sido analizado detenidamente, ya que sin necesidad de aumentar la jornada laboral diaria la productividad de las personas empleadas en el sector ha aumentado, sin embargo no lo ha hecho su retribución salarial real (poder adquisitivo que poseen los trabajadores y trabajadoras del sector). De acuerdo a estimaciones propias, la productividad promedio en el periodo de 1994 a 2003 en el sector de la maquila ha tenido una tendencia al alza, sin embargo lo salarios reales no han crecido a igual ritmo e incluso han disminuido de 2001 a 2003.

Todo lo anterior establece con firmeza que no es adecuado emprender jornadas laborales diarias mayores a ocho horas y que por tanto la propuesta realizada por los empresarios de la industria textil es inaceptable, no solo porque no traerá ninguno de los beneficios planteados y es una medida inconstitucional, sino también porque atenta contra la humanidad y los derechos de las personas empleadas en dicho sector.

Costo de canasta básica salvadoreña varía $4 en primer semestre 2010

Tomado de: La Prensa Gráfica

por Rafael Macal

Jueves, 01 julio 2010 11:30

La canasta básica salvadoreña ha reportado un incremento de $4, al comparar los precios del primer semestre de 2009 con el del año 2010, reveló hoy la Defensoría del Consumidor (DC), tras realizar un sondeo de 32 alimentos básicos que se venden en supermercados y mercados del país.

El precio de la canasta básica era $28.96 al 15 de junio de 2009. Al 17 de junio de 2010, el valor ahora es de $33.05,

Esto se traduce en un incremento de $4.09 que los salvadoreños deben pagar para adquirir los productos de la canasta básica.

Los productos que se identificó han subido más de precio son algunas verduras que aumentaron a partir de noviembre de 2009 con la tormenta Ida; y el producto que más ha bajado es el frijol. El detalle de precios también aplica para la venta de productos por los mayoristas.

Como medida para tener una mayor vigilancia sobre los productos que se venden en los supermercados, la DC pidió a las principales cadenas de supermercados información sobre volúmenes, precio de compra y venta al consumidor final de los productos de consumo básico.

Asimismo informaron que se le solicitó la misma información a 31 empresas comercializadoras de granos básicos, pero sólo 18 fueron atendidos. Los 13 restantes incurrieron en una infracción considerada como “muy grave” y que está contemplada en el artículo 44 de la Ley de Protección al Consumidor.

Pena de muerte: el Estado es el asesino

Tomado de: CONTRAPUNTO

"Crímenes con lujo de barbarie han generado que diversos sectores de la población pidan a gritos el restablecimiento de la pena de muerte en El Salvador. Una medida que se puede llevar de encuentro a personas inocentes"

Por Gloria Morán

SAN SALVADOR- ¿Es viable la pena de muerte en un Estado con una justicia endeble y corrupta, que puede mandar a asesinar a personas que nunca cometieron un crimen?

No, dicen los analistas.

Porque existe ese riesgo, el de que paguen justos por pecadores al restablecer en el país la pena de muerte, pedida a gritos por políticos y por buen porcentaje de la sociedad, ante la ola criminal que abate al país y que alcanzó un nuevo escaño de salvajismo el domingo 20, cuando un microbús de la ruta 47 fue incendiado por pandilleros en Mejicanos, con los pasajeros dentro.

14 personas murieron calcinadas, entre ellos niños, y otras dos personas más fallecieron posteriormente en centros hospitalarios.

Ley del Talión

Después de la masacre, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) pidió la reforma a la Constitución de la República para aprobar la pena capital. Los diversos partidos en el Congreso están analizado su posición al respecto, y las semanas que vienen se esperan intensos debates.

De darse la reforma, que necesita de 56 votos, no se aplicaría de inmediato, sino que la enmienda tendría que ser ratificada por la siguiente legislatura.

La medida está siendo exigida también por empresarios del sector transporte, que ya vieron perder la vida a 80 de sus trabajadores, entre motoristas y cobradores, asesinados en su mayoría por pandilleros.

“Lo menos que puedo pedir es la pena de muerte para los involucrados en estos horrendos crímenes”, dijo a ContraPunto, en medio de su indignación, el presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans), Catalino Miranda.

Ese sentimiento es compartido por un buen porcentaje de la población.

“Que maten a eso desgraciados, ya se comportan peor que los animales, no deben contemplarlos, uno se sube con miedo a los buses, trabaja con miedo”, expresó a este medio electrónico Milton Morales, vendedor informal.

Pero el riesgo de mandar a la silla eléctrica o la inyección letal a personas inocentes es muy alto, dada la debilidad y la corrupción que impera en el sistema judicial. Incluso pasa en los países desarrollados, con sistemas judiciales más robustos.

En estados Unidos, 1985, Derrick Jamison, condenado a muerte por el asesinato de un camarero de Cincinnati, pasó 17 años en el corredor de la muerte hasta que en el 2002 se le concedió otro juicio. En esa ocasión se conoció que la fiscalía retuvo declaraciones que contradecían el testimonio de uno de los testigos que lo inculpó. Esa omisión, que reforzaba su inocencia, lo mantuvo cerca de la muerte injustamente.

La justicia es imperfecta, también se equivoca. Según el informe de Death Penalty Information Project, en Estados Unidos, desde 1973 hasta el año 2009, alrededor de 138 personas fueron liberadas después de haber sido condenadas a muerte o cadena perpetua por crímenes que no cometieron. Si en El Salvador existiera la pena de muerte, es seguro que inocentes habrían sido asesinados por el Estado, injustamente.

El reporte de Amnistía Internacional reflejó que en el 2009 nueve presos condenados a muerte en Estados Unidos fueron exonerados y excarcelados tras pasar, entre todos, 121 años en el pabellón de la muerte.

La realidad de inculpar erróneamente a personas inocentes ha llevado a muchos países a abolir la pena capital.

El informe de Amnistía Internacional, presentado en marzo de 2010, reveló que en el 2009 un total de 95 países abolieron la pena de muerte para todos los delitos, nueve países lo han hecho sólo para los delitos comunes, entre ellos El Salvador, y 35 son abolicionistas en la práctica.

Pero 58 países mantienen aún la pena de muerte.

Un total de 18 países llevaron a cabo ejecuciones en ese año, siete ejecutados eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito.

Entre las principales naciones que ejecutaron a prisioneros están Irán, con 388 ejecuciones; Irak, con 120; Arabia Saudita, con 69; y Estados Unidos, con 52. Según Amnistía Internacional en el 2009 fueron contabilizadas 714 personas ejecutadas y 2001 personas fueron condenadas a muerte.

El Salvador acordó abolir la pena de muerte para delitos comunes en 1983, dejándose vigente únicamente para delitos vinculados al estamento militar. La última ejecución se realizó en 1973.

Según cifras oficiales, en El Salvador hay 15,300 reos condenados y 8,050 aún están siendo procesados y siguen a la espera de la resolución culpable o inocente.

Populismo político

Según la coordinadora de asuntos legales de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Brenda Rodríguez, la propuesta viola uno de los derechos humanos que rige a los pueblos civilizados, el derecho y la defensa a la vida.

Tampoco es viable porque, debilitada la institucionalidad del país, es complicado comprobar la vinculación directa de un sospechoso con un crimen.

“Las instituciones salvadoreñas no tienen la capacidad para tener certeza jurídica de la culpabilidad de muchas personas en hechos delictivos”, dijo Rodríguez.

La medida, dice, es una respuesta inmediata para calmar la voz popular, además de ser inconstitucional, recalcó que la propuesta no es viable en un sistema jurídico débil. Además lo calificó como proselitista y populista.

Para el abogado y catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Rafael Durán Barraza, la petición de la pena de muerte es inconstitucional y parece un acto proselitista por parte de algunos políticos.

Por su parte, el subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, aseguró que en el país hay un sistema de justicia con un alto nivel de error, y cualquier equivocación de inculpar a alguien por algo que no ha cometido, sería un error irreparable.

Desde el 2001, en lo que va pareciendo ya un cuento viejo, el Departamento de Estado, de Estados Unidos, viene lanzando agudas críticas contra el sistema judicial salvadoreño, que "sufre de ineficacia, de corrupción y de insuficiencia de recursos", dijo esa instancia en su informe del 2009.

El informe cita que “ese año la Oficina del Procurador General investigó a tres magistrados acusados de corrupción y continuó investigando 120 casos abiertos en 2008, que implican a funcionarios judiciales. De estos casos, tres fueron desestimados, dos fueron condenados y 95 permanecían bajo investigación a fin de año. Hay una percepción pública que la corrupción gubernamental es un problema grave”.

La Policía Nacional Civil (PNC) también tiene mucho que mejorar. El informe del Departamento de Estado señala que la Inspectoría General ha recibido 2,230 quejas de conducta policial inapropiada, de los cuales 47 se refieren a policías pertenecientes a unidades de investigación especiales. Ha sancionado a 1,181 agentes como resultado de las quejas de ese año y de años previos. Esas sanciones incluyeron a 156 agentes despedidos por actos irregulares.

Por su parte, la Fiscalía General de la República procesó a 462 agentes como resultado de una investigación iniciada en 2008, cita el informe.

“Para que yo confíe en las autoridades de mi país primero deben cambiar a muchos policías, jueces, fiscales, porque de allí salen los más corruptos, como conocen los movimientos, es más fácil que no los agarren”, dijo Graciela P., estudiante de la Universidad de El Salvador.

Con la cabeza fría

Así las cosas, con tanta debilidad y corrupción en las instancias vinculadas al sistema de Justicia, lo más prudente, estiman los expertos consultados, sería no instaurar la pena de muerte, a pesar de que la rabia de la población es intensa contra los criminales que están llegando a niveles de brutalidad insospechados.

Pero es ahora que se necesita ver el asunto con frialdad, en lugar de verlo con a lupa del populismo.

“El dolor, la indignación de ver tanto crimen y hoy que ni a los niños respetan, con la cabeza caliente dan ganas de matar a los delincuentes, pero con la cabeza fría se da cuenta que no es la solución acertada”, aseguró Manuel Landaverde, estudiante de derecho.

El coronel, esta vez, sí tiene quien le escriba

Por Julián Salinas

Tomado de: LA NACIÓN (Costa Rica)

A propósito del comentario de don Manuel Enrique Hinds, uno de los principales defensores y promotores de la dolarización en El Salvador que se implementa en el año 2001; cuya opinión fue publicada en este medio el 10 de junio pasado sobre los beneficios de la dolarización; el cual presentó argumentos que para algunos podrían considerarse convincentes; pero esa realidad para los salvadoreños está lejos de ser evidente.

A continuación refuto algunas de las ideas apelando al debate democrático que los costarricenses deben presenciar para no repetir los mismos errores.

Datos cuestionables. El Salvador ha mostrado una tendencia estructural hacia bajas tasas inflacionarias. El señor Hinds compara la inflación de Latinoamérica con la Salvadoreña; pero las economías son muy diversas y sus datos cuestionables, lo cierto es que los precios crecieron más después de la dolarización (en 1999, previo a la dolarización, El Salvador ocupaba la posición 32 de los países con inflación más baja en el mundo y en 2008 ocupó la 52, es decir creció).

Considerando datos del banco Central de Reserva, la tasa de interés básica activa ciertamente se redujo después de dolarizar, para préstamos de hasta un año plazo, pasó de 10,7% para el 2000 a 7,1% para el 2002; pero esta reducción se trasladó hacia los ahorrantes garantizando que la banca no perdiera, de manera que el diferencial de tasas, es decir el spread bancario, prácticamente se mantuvo. Fue así cómo la tasa de interés básica pasiva se redujo en igual proporción que la activa (pasó de 6,7% en el 2000 a 3,6% en 2002), desincentivando así el ahorro privado, situación que también explica los bajos niveles de ahorros en el país.

Es imposible que se cumpla lo afirmado por don Hinds: “los prestatarios privados se ahorraron $3.000 millones en pagos de intereses”, es una cifra exagerada y poco sustentable. Equivalente a 10 años de inversión extranjera directa y a un año de ingresos por remesas familiares, valga mencionar inclusive, que la tasa básica activa en 2009 ha llegado casi a los mismos niveles que antes de dolarizar.

El Banco Mundial reporta que en 2003 el 44% de las empresas utilizó financiamiento bancario para realizar inversión; mientras que en 2006 tan solo el 17% dependía de la banca para financiarla. Esto es compatible con la estructura de créditos en el país, pues posterior a la dolarización es notorio un excesivo crecimiento de los créditos de consumo y comercio, en detrimento de aquellos orientados hacia la producción y vivienda; en 2006 se contabilizó un déficit de vivienda de 545.000 afectando al 40% de la población, concluyéndose que la dolarización no mejoró el acceso a vivienda.

Según datos del Banco Mundial, en 2001 El Salvador (iniciando la dolarización) ocupó la posición 35 de 168 países con la tasa de inversión como proporción del PIB más baja del mundo; mientras que en 2008 ocupó la novena posición, un deterioro muy evidente. Por último mencionar que las exportaciones, no se han incentivado, en el año 2000 El Salvador ocupó la posición 61 de las exportaciones como proporción del PIB más bajas a nivel mundial; y en 2008 tuvo la posición 38, una pérdida de promoción exportadora considerable.

Discusión ética. Además de una discusión técnica también debe existir una discusión ética: la dolarización ¿para quién? El economista Héctor Vidal (muy reconocido en El Salvador) sostuvo en una entrevista de enero de 2006 que: “la decisión de dolarización respondía a intereses de un sector privilegiado, es por ello que esta imposición no fue discutida para crear un consenso y fue vendida como una propuesta que mejoraría la situación financiera de los salvadoreños”, estos argumentos son muy convincentes dado que la banca salvadoreña y los sectores importadores fueron los más beneficiados con esta decisión, en detrimento de la economía familiar.

En la encuesta más prestigiosa de El Salvador (de la Universidad UCA) realizada en el año 2007 se encontró que el 50.3% de los salvadoreños/as atribuye a la dolarización el aumento del costo de la vida.

El balance si se lo preguntan a las familias salvadoreñas diferirá significativamente de lo planteado por los sectores que impulsaron la dolarización, ambos persiguen intereses diferentes, pero al menos Costa Rica tiene el derecho que a los salvadoreños nos fue negado, el derecho de decidir y debatir sobre un tema trascendental para el país.